• Del total de compras de explosivos que se emplean en la minería de socavón, el 60% proviene de la minería ilegal que gasta US$ 120 millones en la adquisición de explosivos de manera clandestina.

Lima, 15 de setiembre de 2024.- A raíz de la actividad criminal relacionada con la minería ilegal en la provincia de Pataz, en la región de La Libertad, la problemática se acrecienta cada vez más en otras zonas del país con graves impactos sociales, ambientales y económicos. Por ejemplo, la compra ilegal de explosivos se ha convertido en un problema recurrente, principalmente debido a que los mineros ilegales evaden los controles de fiscalización para adquirir explosivos que son necesarios para la extracción de oro en socavones, lo cual ha generado un mercado negro donde anualmente se comercializan explosivos no fiscalizados por un monto aproximado de US$120 millones.

Esta actividad comercial revela una cadena de ilícitos que no solo afecta la seguridad de las regiones donde se han registrado enfrentamientos violentos con víctimas mortales, sino también pone en peligro la vida de los trabajadores dedicados a la minería informal que están expuestos a explosiones accidentales.

La ruta de los explosivos ilegales

La entidad que autoriza la compra de explosivos es la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidad perteneciente al Ministerio del Interior. Sin embargo, la compra de explosivos como la dinamita y el anfo son adquiridos de manera ilícita a través de mineros informales o de contrabando.

Cabe inidcar que los pequeños mineros y mineros artesanales con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), tienen acceso a la autorización para la compra de explosivos y están excluidos del delito de minería ilegal porque están en vía de formalización. No obstante, de acuerdo con un informe del diario El Comercio, existe un mercado negro que nace en los almacenes de explosivos denominados polvorines. La hipótesis de la investigación señala que hay un desvío de este insumo desde la minería informal o en proceso de formalización hacia la minería ilegal de oro.

Urge mayor fiscalización de las autoridades

Según Rodolfo García Esquerre, alto comisionado contra la minería ilegal del Ejecutivo, los explosivos terminan en manos de la minería ilegal porque es evidente que salen desde los polvorines hasta los socavones. Por su parte, Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE señala que usar el Reinfo para comprar explosivos es una parte de esta gran cadena del problema de la minería ilegal, “es un punto neurálgico que hay que atacar y resolver”.

En el Perú, el principal distribuidor de explosivos es la empresa Famesa, con un 60% de participación del mercado. Según fuentes consultadas, existe un ingreso ilegal de explosivos de contrabando desde Bolivia, por lo que es necesario intensificar nos solo los operativos policiales para la confiscación de este material, sino también la fiscalización en la compra de explosivos desde los gobiernos regionales y la Sucamec.

Las autoridades han intentado controlar esta situación mediante operativos y la regulación de la venta de explosivos, pero la situación sigue siendo crítica debido a la alta demanda y la corrupción en algunas instancias. La venta ilegal de explosivos también está vinculada a otras actividades ilícitas en la región, como el narcotráfico y la violencia, lo que complica aún más la situación.

También hay una responsabilidad de entidades como el Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente, la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera, Osinergmin y OEFA, las que deberían actuar coordinadamente con los gobiernos regionales para implementar mecanismos más eficientes de fiscalización.

El poder de las economías ilegales

La debilidad de las políticas de estado se ha visto reflejada en una reciente encuesta de IPSOS, la misma que revela que las economías ilegales en el Perú tienen más poder que el Gobierno de Dina Boluarte, inclusive. Esto a razón de la falta de liderazgo de las autoridades de la región, la corrupción que limita un control efectivo y las sanciones insuficientes a quienes participan en este comercio ilícito de manera impune.