Abogado Edgar Mendoza Chang hizo este pedido ante difusión de un vídeo referido a un presunto manejo político de los concursos de nombramiento de docentes, al tiempo de exigir igualmente la vacancia del actual alcalde provincial de Sechura, Armando Arévalo, quien en aquel entonces laboraba como docente de la citada universidad, y habría sido también “favorecido” con dichos nombramientos.

RCR, 03 de septiembre 2018.- El decano del Colegio de Abogados de Piura, Manuel Castillo Venegas, debe ser separado y expulsado de la Orden, “ante la escandalosa difusión” de un vídeo referido a un presunto manejo político de los concursos de nombramiento de docentes de la Universidad Nacional de Piura, cuando se desempeñó como Decano de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios superiores.

Así lo demandó el abogado Edgar Mendoza Chang, Presidente del Instituto Legal de Lucha contra la Corrupción y Defensa de los Derechos Humanos de Piura, al tiempo de exigir igualmente la vacancia del actual alcalde provincial de Sechura, Armando Arévalo, quien en aquel entonces laboraba como docente de la citada universidad y habría sido también “favorecido” con dichos nombramientos.

“Al fiscal (Guillermo) Castañeda Otsu: Ya existe la denuncia fiscal (sobre este hecho), con la carpeta fiscal 183-2017.  Pero, sin embargo, se encuentra encarpetada y escondida”, subrayó.

Se refería así a la investigación preliminar que realiza la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura a Castillo Venegas y docentes de la Universidad Nacional de Piura, en relación con un presunto manejo político de los concursos de nombramiento de docentes en la Universidad Nacional de Piura.

Las diligencias están a cargo de la fiscal adjunta, Ana María Cánova Loro, quien el 23 de enero del 2018, junto con la asistente de función fiscal Sara Lachira Morales, realizó la transcripción del vídeo entregado por el denunciante Ricardo Montero Gómez, tras la visualización y escucha del día anterior.

En dicho vídeo, grabado en mayo del 2015 con cámara escondida por el docente Montero a Manuel Castillo, ambos hablan del nombramiento de actual alcalde de Sechura, Armando Arévalo, en ese entonces docente de la Universidad, tal como lo indica aquí un pasaje de la transcripción del citado material audiovisual.

–  “Decano Manuel Castillo: Para ir políticamente (y) tomar una decisión hermano. Y por ahí     transitar. Definitivamente, esos tres profesores van a ser nombrados, hermano”.

A continuación, Ricardo Montero le insiste a Castillo y le deja entrever que necesita el nombramiento del futuro burgomaestre Arévalo, a fin de que, después, pueda “presentar” su compañía a su administración edilicia.

– “Ricardo Montero: A mí particularmente me interesa ayudar al hombre (el futuro alcalde de Sechura) porque a mí me ha prometido darme trabajo”.

– “Decano Manuel Castillo: A mí también. Porque, hermano, es un gran hombre y un gran profesional”.

– “Ricardo Montero: Incluso yo. Él ha visto que yo tengo compañías grandes”.

– “Decano Manuel Castillo: ¿Quién crees que lo recomendó para ponerlo contratado en plaza orgánica? Ya pues, compadre. Yo lo he apoyado ¿Cómo no lo voy a apoyar para lo otro (nombrarlo) si sé que trabajamos en equipo?”

Consultado por la prensa piurana sobre esta grabación subrepticia de Montero, el Decano del Colegio de Abogados de Piura dijo que se trata de un extorsionador que ha difundido un vídeo editado en el que también le propuso el pago de S/ 30 000 por los nombramientos, además de S/ 5 000 adicionales por el del ahora burgomaestre de Sechura.

En su defensa, argumentó que precisamente dicha parte de la grabación “fue interesadamente mutilada” del material audiovisual, por lo que -anotó- exigió la difusión del íntegro de dicha filmación. También adujo que hay funcionarios del poder que estarían detrás de esta acción, “por su trabajo de lucha frontal” contra la corrupción.

Lo que no supo explicar es porque no denunció a Ricardo Montero cuando éste le ofreció esa cantidad para el nombramiento de los docentes, a sabiendas –como letrado- de que dicha acción es ilícita y delictiva.