RCR, 22 de julio de 2020.- Rómulo Mucho, consultor en temas de desarrollo e impulsor de la agrominería en el Perú, sostuvo que el Estado debe fomentar el diálogo entre la empresa minera Antapaccay y la comunidad de la provincia de Espinar, para frenar los actos de violencia que a nada conducen. Señaló que las autoridades deberían identificar a agentes externos que han azuzado a la población para quemar dos camiones que prestaban servicios a la compañía minera Las Bambas como forma de presión para que imponer sus demandas.
“Se necesita conversar y se necesita la presencia del Estado. Yo fui viceministro y estuve en la solución del conflicto en el 2005, yo sé que me entendieron, el mensaje fue claro, y el Estado siempre debe estar presente. Cuando estallan este tipo de conflictos, el Estado siempre es el garante y el facilitador”, manifestó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Enfatizó que “hay agentes externos que están permanentemente en esta ruta minera del sur y el Estado tiene que identificarlos y tiene que caerles la fuerza de la ley. A veces los campesinos son engañados y alguien les dice sácalos con otros intereses”. “Sabemos que en Espinar hay movimientos extremistas, pero sería bueno pedir educación y mejora, no pedir con violencia un dinero que va a durar pocos días. Deberían pedir para sus hijos educación que es la más rentable para toda la vida. La violencia trae violencia”, subrayó.
“Esto es un reclamo en una crisis sanitaria, pero la empresa está ofreciendo otros proyectos de desarrollo para generar mano de obra y comedores populares”. “Ahora si se entrega los S/. 50 millones, que están pidiendo, eso se acabaría en un ratito, yo no sé cuánto tiempo aguantaría mil soles para una familia. Ese dinero puede servir para mejorar riego, reservorio y servicios”, comentó.
“Si el dinero se utiliza para otros fines se rompe el esquema de este documento y no sería un buen antecedente para nadie. De pronto hay agentes externos que están participando en esto. Yo creo que el pueblo de Espinar tiene que recapacitar. Además, el Estado está apoyando ahí con bonos. Este es un bono que no sale de los impuestos, es voluntario y es para las obras. Pero, disponer en efectivo no debería ser”, agregó.
Recalcó que “la crisis empeora la situación si paralizan la mina. Si se hace daños con los camiones de otra empresa eso ya es irracional, eso ya no es un reclamo, es violencia. Eso ya está transgrediendo la ley, se tiene que agotar el diálogo, la empresa está ofreciendo una salida. Este convenio tiene que durar por un tiempo y no gastarse la plata con este bono”, resaltó.
“Cuando este convenio marco se gestó fue algo inédito en la minería peruana, porque fue un acuerdo entre la empresa y la comunidad sin la participación del Estado. Fue en el 2003 y si a lo largo de los años no había utilidades, por lo menos había $1.5 millones a ese convenio marco. Esto es un fondo que está destinado para proyectos de desarrollo en la provincia de Espinar, el distrito de Yauri, y sus 70 comunidades campesinas”, dijo.
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