RCR, 22 de diciembre de 2024.- El politólogo y consultor internacional Manuel Bernales y Ricardo Vásquez, abogado y especialista en Gestión Pública, analizaron la crisis estatal que marcó el 2024. Ambos coincidieron en que el Perú enfrenta graves fracturas en su sistema político, la estructura estatal y la calidad de vida de sus ciudadanos.
“El tema de la fractura social, política y cultural, va por otro carril distinto de la estabilidad monetaria, y de los índices de crecimiento sin desarrollo, porque no tiene distribución ni de mayor valor agregado, ni de mayor valor compartido, porque aquí está actuando fuertemente una corrupción extrema por capas, por niveles y por departamentos o provincias”, dijo Manuel Bernales en el programa Perú 2030 de RCR.
Bernales subrayó que estas fracturas tienen un impacto directo en la población, cuya calidad de vida no se beneficia de la estabilidad monetaria que el país mantiene.
“La estabilidad monetaria no se refleja ni en el cuidado médico, ni en la comida, ni en la calidad de la educación, ni en la calidad de los servicios, ni siquiera en la calidad de la seguridad, que está cada vez peor”, advirtió.
Asimismo, destacó que el crecimiento económico carece de distribución equitativa y mayor valor agregado debido a los altos niveles de corrupción que afecta todas las capas del Estado.
“Hay luchas entre el Ejecutivo y el Legislativo, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en la propia Defensoría del Pueblo. Entonces, esta crisis estatal, más que gubernamental, se expresa en el alcance de las instituciones del Gobierno Nacional”, enfatizó.
Por otro lado, Ricardo Vásquez resaltó el desgaste institucional y el acostumbramiento a la desaprobación por parte de la ciudadanía hacia las autoridades. “Este año ha implicado una evidencia del acostumbramiento al repudio. Creo que vivimos un gobierno, y una mayoría parlamentaria, un congreso, acostumbrado al repudio, que asume su papel de piñata política”, expresó.
Vásquez señaló la creciente influencia de grupos de interés en instituciones clave como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Tribunal Constitucional (TC) y la Defensoría del Pueblo.
“No estamos ante una agenda de grupos políticos, ni de constructores de Estado. Estamos desarrollando una agenda de grupos de interesados en la acción del Estado para resolver sus agendas particulares”, sostuvo.
