RCR, 24 de Marzo 2022 .- Alfonso Llanos Flores, consejero regional ante el Gobierno Regional de Piura y excomandante de la PNP, señaló que Tambogrande es una zona agroindustrial, donde bandas criminales están actuando mediante el sicariato y la extorsión, aprovechando que el gobierno central no tiene un plan de seguridad ciudadana.
“Tambogrande es una zona donde la agroindustria se está desarrollando muy bien y las bandas organizadas están actuando bajo dos modalidades, el sicariato y la extorsión. El sicariato es una modalidad extranjera, pero se ha acoplado en bandas de peruanos y venezolanos. La extorsión es una modalidad grave que se está incrementando en una zona agroindustrial. En Las Lomas existe la minería ilegal, donde se producen temas de sicariato”, dijo.
Manifestó, en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), que en Piura la situación es grave. “Estamos solicitando a Gobierno la declaratoria de emergencia, porque sería una de las formas inmediatas para ayudar a la Policía, que ahora está en desventaja frente a la delincuencia que se ha vuelto más agresiva”, indicó.
“Por ejemplo, en el distrito de 26 de octubre funciona la comisaría en un área que pertenece a la municipalidad y esta le ha dado un plazo para que desocupe las instalaciones. El personal policial no tiene a donde ir, si la propia municipalidad les está pidiendo que desocupe los ambientes que le ha prestado. Esta situación es delicada y no escuchamos algo que nos permita tener una esperanza de cambiar el problema”, expresó.
Señaló que la presencia del Estado puede establecer la tranquilidad en la población. “Cuando hablamos de ausencia del Estado podemos presumir que se da en zonas alejadas, pero cuando esta se da en el centro de una ciudad, tenemos que la inseguridad es grave. Cuando delincuentes jóvenes en motos lineales asaltan en el centro de la ciudad y en horas de trabajo, significa que la ausencia del Estado es grave”, afirmó.
Manifestó que la inseguridad ciudadana se debe a una ausencia de estrategia del comando regional de la Policía, aunado a una falta de política de seguridad nacional, a través del presidente de la nación y del ministro del Interior. “No es un hecho aislado y se están multiplicando las manadas. Por eso que comparto la declaratoria de emergencia, porque es una oportunidad para dar una logística vía un presupuesto”, apuntó.
Sostuvo que el Ministerio del Interior devuelve al Estado entre 300 y 400 millones por falta de gasto. “Eso nos hace presumir que no hay una capacidad de gasto en proyectos de inversión en seguridad ciudadana de los gobiernos regionales y locales. Tenemos que unirnos las autoridades locales y alcaldes, no podemos vivir aislados. Esto debe ser un tema de unificación de los alcaldes y el gobernador regional, para lograr una estrategia. Cuando las autoridades están desunidas gana la delincuencia. En los congresistas tampoco veo un trabajo que ayude a este tema”, dijo.
“El 70% del parque automotor policial está destruido, están trabajando solo con el 30%. La delincuencia tiene una capacidad logística que ha superado a la Policía, tienen mejores armas y municiones. La seguridad ciudadana es una política de Estado que debe activar el presidente a través de su programa, pero no lo tiene”, subrayó.
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