RCR, 19 de noviembre de 2020.- Julio Failoc Rivas, consultor en temas de desarrollo, advirtió que en las movilizaciones juveniles hay demandas promovidas por grupos antidemocráticos y radicales, que buscan el cambio de la Constitución y el modelo económico. Explicó que la corrupción de las autoridades nacionales, regionales y locales han evitado que los recursos generados por impuestos y el canon minero puedan beneficiar a la población.
“El país tiene que encontrar al cauce de la gobernabilidad, porque empiezan demandas que no estaban colocadas en la agenda y hay que mirar a Chile. Allí empezó con una demanda por el alza de pasajes y ahora están discutiendo el cambio de la constitución y eso hay que tomarlo como lección. Si se embalsan estos problemas podemos perder soga y cabra, no permitamos que se cuestione el modelo, que haya fuerzas antidemocráticas que empiecen colocar puntos en la agenda como, por ejemplo, el cambio en la Constitución”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“Necesitamos un contrato social, pero ese contrato debe ser un punto de equilibrio, donde no se afecte ni a la inversión privada ni a la población ni atente contra el derecho de los trabajadores. Necesitamos un contrato social, pero que esto no sea motivo para alterar un orden que al final va a terminar sumiéndonos en la ingobernabilidad. Esas cosas afectan al país”, indicó.
Explicó que “el tema de la corrupción desencadena todo el proceso de movilización social y pone en cuestión todo el golpe que le dan a Vizcarra y lo hace más de 50% del Congreso”. “Son 68 congresistas que fueron presionados para dar esa vacancia. Todo este tema del Poder Judicial puede dar la tranquilidad de que el caso Odebrecht no se va a interrumpir. Acá estamos hablando de los últimos 30 años, el país está cansado porque todos sus presidentes, más uno que terminó suicidándose, están cuestionados y acusados de corrupción”, precisó.
Corrupción de gobiernos regionales
“Todos los gobiernos regionales están involucrados en corrupción. Se ha recibido 62 mil millones de soles en los últimos 15 años. Si tú le quitas el 10% (ahora están cobrando 15% a 20%), habría una fuga solamente del canon minero de 6,200 millones de soles, esto es cerca de 1,800 millones de dólares. Tacna recibió en los últimos 15 años alrededor de 5,600 millones de soles, Moquegua recibió 4,500 millones de soles, Arequipa 6,000 millones de soles, Cusco recibió 17,500 millones de soles”, observó.
“Si revisemos que obra emblemática se ha construido en cualquiera de esas regiones, no vamos a encontrar ninguna que podamos decir que por esto pasó tanto dinero. Esto es escandaloso y esto afecta a las personas más pobres, muchos de ellos no tienen agua y desagüe. Moquegua, Ilo y Tacna siguen tomando agua con altos niveles de arsénico”, apuntó.
Manifestó que “esto hace que tenga un efecto en la actividad minera, porque la gente no le echa la culpa a los que reciben los recursos por concepto de canon minero, sino que le echa la culpa a la minería”. “Dice que acá hay una actividad minera que tiene 30 años y no se siente ningún tipo de desarrollo, como si la minería tiene que asumir esa responsabilidad que le corresponde al Estado. Por ejemplo, la minera San Rafael (Antauta, Melgar), donde el Estado al no poder cumplir con el abastecimiento de las tablets, se le está exigiendo a la empresa minera que sea la que termine financiando esos recursos”, afirmó.
“En Moquegua tenemos el problema de Quellaveco, que es una empresa que ha comprometido más de 1,000 millones de soles de recursos y han empezado a ejecutar una serie de proyectos, pero lamentablemente no ha sacado un gramo de cobre y la gente exige como si estuviera explotando el mineral”, agregó.
Gabinete de ancha base
Failoc sugirió que “una de las primeras cosas que el gobierno debe hacer es un gabinete no solo solvencia técnica y política, sino también una solvencia moral, que garantice una transición democrática que dé tranquilidad y paz a todos y que haga que el Bicentenario sea viable y una agenda de corto plazo, que aborde el tema de la reactivación económica y el tema de la lucha contra la pandemia”, aseveró.
“En este proceso tenemos que involucrar a todos los gobiernos regionales y locales, porque la reactivación económica no es un tema que solo se puede manejar desde Lima. Ya incluso hubo un gran evento donde se reunieron todos los gobiernos regionales y de frontera, planteando una agenda al gobierno. Lamentablemente, la ruptura termina de interrumpir y había cosas interesantes como un levantamiento progresivo de las fronteras y un fondo de desarrollo en la zona de frontera. Un tercer elemento tiene que ver con la conectividad”, dijo.
“Hay un tema del castigo a los responsables de las muertes de Jack Brian Pintado e Inti Sotelo y esto pasa por modificar ese reglamento, que aprobó Alan García en su momento, sobre las intervenciones de las Fuerzas Armadas y Policiales. Esto no permite que las marchas se den en los términos que se supone deben darse. Otro tema es la anulación de todo lo que ha actuado el gobierno de Manuel Merino. Ha habido un contrato con una sucursal de la Telefónica, donde se le otorga licencia de 20 años. Esto no puede pasar”, mencionó.
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