La fiscalía busca que en el juicio por el atentado en Tarata también se establezca si el narcotráfico financió al comité central de la agrupación terrorista. ‘Vaticano’ deberá testificar en el proceso
El juicio por el Caso Tarata no solo busca determinar si detrás del atentado en Miraflores hubo una orden del terrorista Abimael Guzmán y del comité central de Sendero Luminoso (SL). En el proceso también se busca establecer si los carro-bomba o el armamento de los senderistas fueron financiados con dinero del narcotráfico a través de un pacto que, según la fiscalía, los cabecillas de la agrupación terrorista tuvieron en los años 80 con los más prominentes traficantes de droga del Alto Huallaga.
El juez Edhin Campos, director de debates del juicio, confirmó a El Comercio que Demetrio Chávez Peñaherrera ‘Vaticano’ –capo del narcotráfico en el Perú hasta la década del noventa– será convocado como testigo al proceso que se desarrolla en la Base Naval del Callao.
Chávez, quien el año pasado cumplió su condena por narcotráfico, será interrogado sobre si entregó dinero a Sendero Luminoso a cambio de que lo dejaran operar en la selva, como indican testimonios incluidos en la acusación fiscal y en documentos de la Dircote.
“Lo que se está investigando es el origen del vínculo entre Sendero y el narcotráfico, que se habría dado mucho antes de la captura de Guzmán, y si ese dinero sirvió, efectivamente, para solventar el terrorismo”, dice una fuente de la fiscalía.
En la acusación fiscal se pide cadena perpetua. Entre los imputados están los cabecillas senderistas Guzmán, Elena Yparraguirre, Óscar Ramírez Durand ‘Feliciano’, Osmán Morote y Florindo Flores Hala ‘Artemio’.
Según el Ministerio Público, el acuerdo entre SL y los narcos consistió en darles protección en el Alto Huallaga para que pudieran traficar sin inconvenientes. A cambio, cobraban cupos por cada envío que realizaban.
El pacto se materializó de la siguiente manera: un pago de US$40 mil si era la primera vez que traficaban en el Huallaga, US$10 mil por cada vuelo a Colombia y de US$1.500 a US$3.000 si eran vuelos nacionales. Los envíos, según la acusación fiscal, eran supervisados por un senderista que, además, se encargaba de cobrar el dinero y dárselo a su superior.
El superior era ‘Artemio’, quien representaba a los cabecillas de la agrupación terrorista como jefe del comité en el Alto Huallaga.
‘Artemio’, de acuerdo con la fiscalía, era el responsable de enviar parte del dinero del narcotráfico al comité central de SL en Lima.
Las pruebas
En su acusación, la fiscalía incluye testimonios de dos senderistas arrepentidos. Uno de ellos, con el código de reserva A1J055463, aseguró que como miembro del destacamento logístico del comité regional en el Alto Huallaga le constaba que el dinero que recolectaban provenía, sobre todo, de los narcotraficantes, como consecuencia de un acuerdo que la cúpula de Sendero Luminoso tenía con ellos.
El senderista añadió que a fines de los años ochenta, en la localidad de Uchiza, hubo una reunión entre ‘Artemio’ y narcotraficantes como Luis Pineda Menjura, Juan Leguía Manzur y Demetrio Chávez Peñaherrera. En la cita, se acordó que SL iba a darles protección para evitar que fueran asaltados por delincuentes comunes en el acopio de droga y para repeler a las fuerzas del orden si los atacaban. A cambio, los narcotraficantes pagaban comisiones para usar las pistas de vuelo clandestinas que se ubicaban en los territorios donde operaba SL. Algunas de esas pistas, según el colaborador, estaban en Ramal de Aspuzana, Tocache y Aguaytía. Dijo que también se usaban carreteras como la Marginal de la Selva o Federico Basadre.
El otro senderista arrepentido, con el código A100092, ratificó la versión del acuerdo de Uchiza y dijo que fue testigo de los aportes del narcotráfico entre 1988 y 1989.
El expediente incluye la declaración de ‘Feliciano’, quien en febrero del 2007 dijo que Sendero Luminoso y los narcos compartían en los ochenta un enemigo en común: el Estado Peruano, por lo que “no se debía golpear a los narcotraficantes, pero tampoco permitir que estos abusen de los campesinos cocaleros”.
‘Feliciano’ también declaró que tenía la directiva de recibir medicinas, armas, ropa y, “en última instancia”, dinero de los narcotraficantes.
La fiscalía anexa en su acusación documentos allanados en la captura de Guzmán en 1992. Entre ellos, hay un comunicado de SL con indicaciones sobre precios, peso, negociación directa y acuerdos para el tráfico de drogas en Uchiza. También está la declaración que ‘Vaticano’ dio en enero de 1994. Él dijo que realizó pagos a Sendero Luminoso durante seis meses por orden de su comando político. Sin embargo, en declaraciones posteriores negó lo dicho.
Abimael Guzmán y su defensa niegan que hayan tenido vínculos con el narcotráfico. El cabecilla terrorista se alteró en una audiencia pasada ante esa acusación.
Desde la fiscalía sostienen que ello se debe a que con el juicio se puede desmentir la versión senderista de que su nexo con el narcotráfico se dio luego de la captura de Guzmán, sino que este vínculo se originó con su venia.
Más información
La próxima audiencia del juicio de Tarata debe realizarse mañana.
‘Artemio’ se ha abstenido de dar su testimonio respecto a las acusaciones de la fiscalía. Actualmente, está en huelga de hambre en protesta por una cámara de seguridad colocada en su celda.
Vaticano’ salió en libertad tras cumplir 22 años de cárcel por narcotráfico. En la década del ochenta fue considerado el mayor narcotraficante del país.
