Pro Inversión refutó la versión del abogado acerca de documento sobre la carretera Interoceánica.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Pro Inversión, dejó sin sustento las sospechas levantadas en la víspera por el abogado Juan Monroy Gálvez, quien ante la Comisión Lava Jato desconoció haber entregado el 4 de agosto del 2005 un informe suyo, que fue utilizado por la entidad como base para rechazar las observaciones de la contraloría y poder firmar el contrato de la Interoceánica Sur.
A través de un comunicado, Pro Inversión señaló que el informe, firmado por Monroy, tiene la fecha y sello de recepción del 4 de agosto del 2005. Lo único ilegible es la hora de la recepción.
“El 4 de agosto del 2005 el estudio Monroy emitió un informe legal sobre las implicancias del Oficio N° 262-2005-CG/CV de la contraloría”, señala el comunicado.
En declaraciones a El Comercio, el parlamentario oficialista Gino Costa explicó que el mismo Monroy llevó a la Comisión Lava Jato dicho informe, aunque en calidad de borrador, pues no tenía sello de recepción. Tras ello, Costa se comunicó con Pro Inversión y solicitó todos los documentos sobre el tema.
Al despacho de Costa llegaron tres documentos: el referido informe legal del 4 de agosto del 2005, el informe complementario del 23 de agosto y la factura mediante la cual el estudio Monroy Abogados cobró US$14.280 por la elaboración de estos.
En la factura que emite el estudio del abogado Monroy Gálvez se lee claramente que en la descripción del servicio dado se hace referencia a la “preparación del informe legal de fecha 4 de agosto del 2005 con relación al Oficio N° 282-2005-CG/CV”.
El oficio en referencia es el que remitió a Pro Inversión la vicecontralora Rosa Urbina e indicaba que las constructoras Norberto Odebrecht, Queiroz Galvao y la peruana Graña y Montero estaban impedidas de contratar porque mantenían juicios pendientes con el Estado Peruano.
En las conclusiones del informe legal se lee: “Consideramos que el oficio de contraloría es inocuo respecto de la regularidad del concurso llevado a cabo por Pro Inversión”.
—¿Quién miente—
Para el congresista Gino Costa, los documentos mostrados desbaratan la versión de Monroy y esto podría acarrearle problemas legales.
“Se equivoca [Monroy] cuando dice que el Consejo Directivo, que estaba integrado por los ministros, miente. Quien ha faltado a la verdad fue él. Si no recordaba bien debió ser más prudente y cauteloso. Su acusación es falsa”, dijo Costa.
La congresista fujimorista Lourdes Alcorta tiene otra interpretación. “El informe y la factura dicen 4 de agosto del 2005 pero eso no necesariamente significa que fue entregado en esa fecha. Uno factura por la fecha en que hace el pedido pero no significa que lo entregaste en esa fecha. El 4 de agosto se vencía el límite para firmar el contrato”, dijo en Canal N.
Esta hipótesis también es manejada por la Comisión Lava Jato, que preside el fujimorista Víctor Albrecht.
Monroy fue citado a la Comisión Lava Jato para explicar la premura con la que Pro Inversión absolvió las observaciones de la contraloría. El informe del ex congresista Juan Pari, ex presidente del grupo Lava Jato en el 2015-2016, señala al respecto: “En 18 minutos se comunicó a las empresas sobre las observaciones de la contraloría y ellas respondieron por escrito. En ese mismo tiempo se le solicitó al asesor legal de Pro Inversión [Percy Velarde] una opinión y este la respondió por escrito, y se solicitó una opinión legal de un estudio jurídico externo [estudio Monroy], se seleccionó el estudio y este alcanzó su respuesta”.
Este Diario envió correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp e intentó comunicarse ayer con el abogado Monroy, pero no contestó por ningún medio. En la Comisión Lava Jato no descartan volver a citarlo para esclarecer lo revelado por Pro Inversión.
Cronología: lo que ocurrió aquel 4 de agosto del 2005
Fuente: El Comercio
