Fuente: Diario La República
Cantó el primer jilguero y habría un segundo. Una versión verosímil. El oscuro MTC. La fiscal de la Nación refuerza sospechas sobre su parcialidad en el caso Richard Swing. ¡Omitió el delito principal!
Aunque aún no puede darse por cierta la versión de que Obrainsa pagó una coima a Martín Vizcarra cuando era presidente regional de Moquegua, la acusación tiene visos de verosimilitud. El presidente la niega. Un aspirante a colaborador eficaz sostiene que el dinero le fue entregado en dos ocasiones por Paul Tejeda, uno de los propietarios de la empresa, sin la presencia de testigos, como suele ocurrir con las coimas. La acusación deberá ser demostrada por una suma de indicios, parte de los cuales fue revelada por la edición dominical de El Comercio.
El hecho de que el procesamiento a Vizcarra solo ocurrirá cuando deje el cargo, dentro de nueve meses, no suspende hasta entonces algunos efectos. Uno es la pérdida de su credibilidad como líder anticorrupción. Lo más importante es que su gobierno estará marcado por esfuerzos judiciales y políticos para protegerse de la acusación. Le espera un pedido de prisión preventiva –infaltable en estos casos– el próximo 28 de julio. Está con un pie adentro.
Es posible que la gestión presidencial ya haya estado determinada por una estrategia de protección, pues la delación de Obrainsa se insinuaba desde 2019. Hace unas semanas, en círculos muy cerrados, se conocían algunos detalles del proceso. Habría una segunda delación en ciernes de otra empresa vinculada al “Club de la Construcción”, el cartel empresarial para repartirse obras públicas del MTC. La estabilidad de Vizcarra, de momento sostenible, podría verse seriamente comprometida.
En 2013 Obrainsa obtuvo del GORE Moquegua una obra de irrigación en Lomas de Ilo mediante el pago de un millón de soles, de acuerdo con el delator. La gestión de Vizcarra también ha sido denunciada por un pago irregular a ICCGSA, que construiría un hospital en Moquegua. En 2014, un día antes de cesar Vizcarra como gobernador, su administración le entregó un adelanto de 40 millones de soles gestionado en un solo día. La investigación, reabierta tras haber sido archivada en dos ocasiones, ya involucró al ex gerente regional Edmer Trujillo, y alcanzaría a Vizcarra al término de su mandato. Pero antes podría haber sorpresas en el expediente.
Diversas publicaciones, especialmente la digital Gato Encerrado, han documentado asignaciones de obras a ICGSA y Obrainsa, durante las gestiones de Vizcarra como ministro y presidente. También las recibió CASA, que según otro colaborador eficaz entregó dinero a la campaña de PPK cuando Vizcarra la dirigía. No hay acusaciones en concreto, pero el MTC funciona en la oscuridad desde que el presidente decidió que lo dirigieran sus íntimos, algunos involucrados en su gestión como gobernador en Moquegua, como Carlos Estremadoyro, el actual ministro; y Edmer Trujillo, desde hace poco asesor del Minagri para que funcione en Pampas de Ilo la obra de irrigación por la que se habría pagado la coima.
Cuando Vizcarra fue ministro (2016-2017), el MTC le otorgó a Obrainsa la construcción de 57 puentes y obras en una carretera por S/ 547 millones. Además la empresa fue autorizada para quedarse con tres carreteras que mantenía en sociedad con Odebrecht. Por último, el ministro Edmer Trujillo aprobó el pago de 13 millones de soles por gastos adicionales de un proyecto que estaba en proceso arbitral –el MTC desistió, sin pelear–, y por la que Obrainsa pedía tres millones más. Esto ocurrió hasta el 2018 pero en 2019 ya no hubo favores a la empresa. Es posible que esta circunstancia, unida al hecho de que Paul Tejeda vivía más de un año a salto de mata, imputado por actos ilícitos del “Club de la Construcción”, haya determinado la colaboración eficaz que ahora pone contra las cuerdas a Vizcarra.
El presidente atribuyó la denuncia y su publicación a una conspiración de Odebrecht, una disparatada teoría que no terminan de comprar sus defensores. En una entrevista en Panorama, la noche del domingo, Vizcarra se refugió en la discutible probidad de UNOPS, la oficina de la ONU para contrataciones, aunque admitió las visitas a Obrainsa. Si se comprueba que fueron próximas a las fechas de preparación de los cheques, la versión del delator estará prácticamente confirmada.
Otra mano amiga
Como la presunta coima se hizo efectiva en 2014, cuando Vizcarra no era ministro ni presidente, la investigación no será dirigida por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sino por Germán Juárez, que pertenece al Equipo Especial Lava Jato. Es lo mejor. Ávalos ha reforzado las sospechas sobre su falta de imparcialidad respecto de Vizcarra en el caso Swing: omitió el delito principal en la calificación del expediente. De otro lado, ha rehusado mantenerse al margen del proceso, como pidió el procurador anticorrupción, Amado Enco. En los audios se menciona explícitamente una supuesta cercanía suya a Palacio de Gobierno. Con posterioridad ella misma descalificó el material probatorio en una entrevista periodística y amenazó con un juicio a la principal testigo del caso, algo inaceptable para quien representa a los investigadores.
La tesis principal de la fiscal Janny Sánchez Porturas es que el presidente y la secretaria de la Presidencia son instigadores de colusión agravada, cometida por funcionarios públicos que conciertan para defraudar al Estado, con daño patrimonial. Vizcarra y Morales habrían instigado a los ministros para que contrataran a Swing. El delito tiene una prognosis de prisión de seis a quince años. Además, se postulan obstrucción a la justicia y negociación incompatible, que acarrearían penas menores. En su Disposición 01, la fiscal de la Nación olvida la colusión y apoya los dos delitos restantes, añadiendo el de instigación de tráfico de influencias, también de bajo calado y difícil de demostrar. Gran favor al presidente, que ha pasado desapercibido.
