RCR, 09 de Julio 2022 .- El decreto supremo que ha impuesto el Gobierno de Pedro Castillo para cambiar los estatutos de la Derrama Magisterial es inconstitucional e ilegal, ya que vulnera derechos fundamentales como la asociación, contratación y seguridad social expresó Ronald García, secretario nacional de Defensa del SUTEP.
En declaraciones a Conexión Perú, de Red de Comunicación Regional, dijo que cualquier modificación a los estatutos de la Derrama Magisterial ya estaba regulada en el artículo 50 del Decreto Supremo 021-88-ED.
El dirigente magisterial explicó que los cambios en los estatutos solo se pueden realizar por acuerdo del directorio de la Derrama Magisterial, en coordinación con el Consejo de Vigilancia.
“El hecho de convocar a elecciones universales es un pretexto que no tiene un fundamento técnico. Son 280 mil maestros y quién va a financiar ese proceso electoral”, se preguntó al recordar que los fondos de los afiliados son intangibles y solo puede ser destinados a los beneficios para los maestros.
García dijo que la emisión del decreto supremo publicado esta mañana evidencia un desconocimiento del presidente Pedro Castillo, quien ya tiene acostumbrado al magisterio a varias incoherencias, comentó.
Consultado sobre las intenciones del gobierno para intervenir en la Derrama Magisterial, el representante del SUTEP mencionó que los representantes del grupo que antes era CONARE y ahora la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), siempre tuvieron las intenciones de liquidar la Derrama Magisterial, con el pretexto de una supuesta democratización.
“El trasfondo es colocar a todos sus afiliados supuestamente de las regiones del país para que puedan copar la Derrama Magisterial tal como lo han hecho en el aparato del Estado. En diversos ministerios están sus cuadros y ya sabemos las consecuencias: echan mano a los recursos y ahí están sus sobrinos, Bruno Pacheco y Juan Silva”, comentó.
Ronald García también expresó que el decreto supremo vulnera la libertad de empresa, derecho garantizado en el artículo 59 de la Constitución.
Medidas del SUTEP
El dirigente no descartó la presentación de una acción de amparo ya que el Código Procesal Constitucional defiende los derechos afectados por la norma del régimen de Castillo.
Agregó que el Congreso puede iniciar un proceso de infracción constitucional por vulneración del inciso 13, artículo 2 de la Carta Magna, sobre libertad de asociación; del artículo 10 sobre seguridad social y el artículo 62 sobre libertad de contratar que no puede ser modificada por leyes.
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