Fuente: El Montonero
Determina qué regiones reducen pobreza.
Según la empresa de consultoría económica Macroconsult, la minería representa el 60% del total de las exportaciones. Igualmente suma el 30% del Impuesto a la Renta de todos los sectores que tributan, mientras que el sector comercio alcanza el 14% y la manufactura no primaria 11%. En el sur peruano, donde se encuentran las principales reservas de cobre, Arequipa aporta el 16.49% del PBI extractivo y Cusco el 16.20%. Es por ello que en Arequipa se genera el mayor número de empleos directos provenientes de la minería. Y lo más importante es que la inversión minera genera canon, y el canon genera riqueza que reduce la pobreza. Es así que —según el INEI— la reducción de la pobreza en Arequipa se mantiene. Es decir, la curva de pobreza cae desde el 44% del 2004 a menos de 10% en el 2016. ¿No es esto, acaso, una estupenda realidad?
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en oposición a lo que sucede en Arequipa, y también en las demás regiones costeras del sur, en Cajamarca la pobreza se mantiene desde el 2013, no obstante las reservas de minerales. Es la región más pobre del país desde que el estribillo “Agua sí, oro no” —que alentó el candidato a la presidencia Ollanta Humala en el 2011— dejó sin efecto el proyecto Conga. Un 52.2% de la población está en situación de pobreza. ¿Qué hace, entonces, que unas regiones sean menos pobres, como Arequipa, y que otras sean más pobres, como Cajamarca? La respuesta es una sola: la inversión minera.
Según informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras, hasta julio del 2017 el Gobierno central ha transferido a los gobiernos regionales S/ 1,862.7 millones que proceden del canon minero, cantidad que es 24.4% mayor respecto al año 2016. La región Áncash es la que más recursos provenientes del canon recibió (26.5%), seguida de Arequipa (13.9%) y Cajamarca (9.9%), que retrocedió en 14.6%. El canon es entonces una palanca para el desarrollo de los pueblos; es la herramienta que está sacando de la pobreza a los rincones más alejados del país, y vital para edificar una sociedad de bienestar y de servicios de calidad para la población.
Sin embargo, dejando de lado todos los aportes que la minería moderna ofrece al país mediante el canon —que llega a los gobiernos regionales, y de allí a las provincias y distritos donde se desarrolla la actividad extractiva— la izquierda radical y antiminera no le explica a la población sobre las enormes ventajas que se pueden conseguir con todos esos recursos bien administrados por las autoridades que los mismos pobladores eligen en cada proceso electoral. He allí el quid del asunto: que en los poblados existen recursos económicos disponibles, pero lo que no existe es una eficiente y honrada administración de esos recursos. Y ese es el gran problema que atañe a esos poblados.
Llama entonces poderosamente la atención cómo los autodenominados dirigentes de frentes de defensa y de gremios sociales, totalmente ideologizados —y que dicen defender los intereses de los pobres— embaucan a la gente con relatos adversos a la minería responsable. Esa dirigencia radical y antiminera esconde una realidad: que los pueblos alejados serían verdaderos epicentros de progreso si los presupuestos convenientemente administrados construyeran más carreteras y puentes para unir a los poblados y generaran más educación y salud pública, en cantidad y calidad. Pero no, el antiminero extremista tiene la ruta absolutista y vertical, antimercado y antidemocrática.
