Fuente: Diario Perú 21

PROBLEMAS. Desde 2016 hasta la fecha, el ducto ha tenido 25 problemas por cortes, fenómenos naturales y perforaciones para robar crudo. El último sabotaje fue en noviembre de 2018 en la comunidad de Mayuriaga, que detuvo el transporte de petróleo por tres meses.

Después de tres meses de un corte provocado en el Oleoducto Norperuano (ONP) , el Estado recién pudo firmar un acuerdo con la comunidad de Mayuriaga (Loreto) y los convenció de permitir el ingreso de personal de Petroperú para reparar la tubería. Algunos vecinos de la propia localidad fueron los responsables del daño en el ducto, lo que ha ocasionado un perjuicio medioambiental y económico en contra de todos los peruanos. 

Pero este no es un incidente aislado, desde 2016 hasta la fecha, el Oleoducto ha sufrido un total de veinticinco daños por sabotajes, accidentes o fallas. 

CORTES A LA TUBERÍA

La espesa selva amazónica, las montañas de los Andes y el desierto norteño están atravesados por 1,116 kilómetros de tubería que transportan diariamente 18,000 barriles de petróleo, desde Loreto hasta el terminal de Bayóvar en Piura.

Según los reportes de Petroperú , en los últimos tres años, el 60% de los daños contra el Oleoducto fueron causados intencionalmente por terceros que cortaron el ducto. Se detectaron catorce sabotajes de este tipo en Loreto y uno en Amazonas.

El objetivo de cortar la tubería con sierras o máquinas eléctricas es generar trabajo a los vecinos de la zona afectada, explicó Beatriz Alva, gerenta de Gestión Social y Comunicación de Petroperú.

“Había un círculo perverso. La comunidad o un tercero cortaban la tubería y luego nos exigían la contratación de la gente de la comunidad para reparar los daños”, aseguró la funcionaria.

Ante esta situación, Petroperú estableció que no contrataría a ningún aledaño de la zona afectada cuando los daños sean ocasionados por sabotajes de terceros. 

En el caso de Mayuriaga, el corte fue un intento de chantaje. En las elecciones municipales y regionales del año pasado, Samuel Sumpa Mayan postuló al sillón municipal del distrito de Morona (Loreto). 

Los resultados lo colocaron en el segundo lugar, con una diferencia de 77 votos del primero. Sumpa denunció que hubo fraude y aseguró tener audios en los que funcionarios de la ONPE y candidatos de la zona pactaban una manipulación de los resultados. 

Como medida de protesta, el 17 de noviembre del año pasado, un grupo de 80 personas tomó la estación de Morona del oleoducto y secuestró a 20 trabajadores. Exigían que se anulen los comicios.

El 20 de noviembre, dirigieron un memorial en el que reiteraron su reclamo y amenazaron: “Expresamos que en la brevedad las autoridades den solución a nuestro pedido. Caso omiso, radicalizaremos cortando la tubería y otros bienes del Estado y no desmayaremos en nuestra medida de lucha”, se lee en el documento firmado por los dirigentes Isaías Tunqui, Benjamín Tupika y Carlos Ancuash.

Al día siguiente, el Ministerio Público y la Policía dialogaron con la comunidad y accedieron a deponer su medida, pero advirtieron que le daban una semana al Jurado Nacional de Elecciones para anular las elecciones en Morona. 

La decisión electoral se mantuvo firme y ellos cumplieron la amenaza. El 27 de noviembre, en las redes sociales se anunciaba que Emir Sumpa, hermano del candidato perdedor, estaba convocando a los comuneros de Mayuriaga para cortar el tubo en el kilómetro 193.

A partir de esa fecha, no permitieron que nadie ingresara a repararlo, hasta que el pasado 27 de febrero, el premier César Villanueva; el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; el gobernador regional de Loreto; el congresista Jorge Meléndez y funcionarios de Petroperú firmaron un acuerdo que establecía la instalación de luz eléctrica, agua potable, la construcción de una losa deportiva, un colegio, apoyo con vuelos cívicos, entre otros. No se mencionó ningún punto del proceso electoral.

Lo cierto es que remediar los daños ocasionados por el corte del tubo puede costar entre cinco y diez millones de dólares. Perú21 intentó comunicarse con dirigentes indígenas de la zona, pero no tuvimos respuesta.

MÁS DAÑO AL TUBO ​
El otro 20% de contingencias contra el Oleoducto es por fenómenos geodinámicos; es decir, deslizamientos de rocas, sismos, entre otros. Tres de estas ocurrencias fueron en Loreto y una en Amazonas.

Por otro lado, los casos de corrosión de la tubería representan el 12% de los incidentes. Sobre este punto, el subgerente de operaciones del ONP, Héctor Inga, indicó que cada cinco años se realizan mantenimientos preventivos a la tubería, que tiene una antigüedad de 43 años. Con ello se puede identificar los tramos que requieren un cambio o reforzamiento. 

No obstante, hubo tres casos de corrosión en los últimos tres años. Uno en Loreto y dos en Cajamarca. “A veces el petróleo trae algunas bacterias que producen residuos corrosivos que son del tamaño de la cabeza de un alfiler y son difíciles de detectar(…) Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay oleoductos que tienen mucho más de cien años. Entonces, la vida útil de una tubería depende del mantenimiento que se le dé”, aseguró Inga.

Otra de las causales detectadas es la perforación de tuberías para robar crudo, lo cual representa el 8% de los incidentes. Se ha detectado dos de estos casos en Piura, donde la Policía detuvo a varias familias que se dedicaban a extraer petróleo del Oleoducto para comercializarlo. 

Ante estos problemas, el Estado ha declarado el Oleoducto como un activo crítico nacional. Es decir, su protección es prioridad para el país, lo cual implica que, al declararse en emergencia, la Policía tiene la orden de acordonar la tubería para que no sufra más sabotajes y, en un nivel más crítico, el Ejército también puede ingresar a protegerla.

TENGA EN CUENTA​
– Ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Lorenzo, Petroperú presentó una denuncia contra Segundo Sumpa, Ignacio Tuyasa y Davis Anango, por el delito de extorsión. 

– Se ha pedido una pena de 18 años de prisión efectiva para los imputados, más una reparación civil de S/15,000. 

– Petroperú también denunció a Segundo Sumpa y Elías Wasum por el delito de secuestro. Y por extorsión a quienes firmaron el memorial en el que amenazaron con cortar la tubería.