Indignante e inaceptable. Piuranos robando a otros piuranos, y en plena emergencia, cuando la gente, sobre todo los más humildes, requieren con urgencia atención del Estado.
RCR, 22 de febrero 2018.- Una auditoría realizada en la municipalidad de Piura detectó documentación que confirma la existencia de facturas y recibos con montos sobrevalorados, así como la falsificación de firmas en notas de Conformidad de Servicios por obras que en algunos casos ni siquiera se han llevado a cabo, entre otros ilícitos penales, lo más grave, en plena emergencia por el fenómeno El Niño Costero, denunció Kelly Morillas, regidora de la citada comuna, en diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR).
Añadió que los recursos aportados a la municipalidad ascendieron a 1 millón 600 mil soles, de los cuales los gastos y servicios irregulares suman S/. 653 mil soles, monto que en algunos casos ya se habría pagado, y en otros está en proceso de pagar la municipalidad, por trabajos no realizados o sobrevalorados.
“Por un parchado de dos metros de asfalto, se facturó por S/. 24 mil soles. En otros casos, por el servicio de remoción de escombros y movimiento de sacos de arena se pretendió cobrar por el uso de supuestas maquinarias que una vez revisadas se comprobó que las placas correspondían a automóviles. Es decir, servicios fantasmas”, reclamó
Además, dijo, se falsificaron notas de Conformidad de Servicio por trabajos no realizados, y se procesaron recibos de gasto por S/. 920 mil soles en combustible, cuando el 70% de la maquinaria del municipio está en desuso.
Todas estas acciones llevan a la conclusión que en el concejo municipal se han festinado trámites y se han “embolsicado” la plata de la emergencia que debió ser empleada para aliviar el sufrimiento de los piuranos que estaban en plena emergencia, anotó.
Morillas reveló que la auditoria se puso en conocimiento del alcalde Oscar Miranda, en diciembre del año pasado, quien debió ponerlo en conocimiento del ministerio Publico para que procedan con las investigación del caso y se sancione a las personas que han estado involucradas en estos casos de corrupción agravada.
“Aparte de la sanción administrativa de suspensión o destitución, según el caso, se les debe abrir un proceso penal para que los responsables terminen en la cárcel. Servidores y trabajadores de esa calaña no los necesitamos en la municipalidad de Piura”, enfatizó.
Entre los principales investigados estarían el ex gerente de Territorialidad y Transportes, Richard Lezcano; y el ex gerente de Administración, Rigoberto Timaná.
