Fernando Castillo, director de Oficina General de Gestión Social del MEM, subraya importancia de la población organizada en espacios de diálogo para llegar a acuerdos y viabilizar inversiones públicas y privadas en su beneficio.

Proyectos están protegidos mediante un decreto supremo que garantiza que el cambio de gestión gubernamental no afectará la continuidad de los mismos.

RCR, 04 de julio de 2016.- El diálogo y consenso alcanzado entre la población organizada, sus autoridades, la empresa minera y el Estado, en el seno de las respectivas mesas de trabajo para el desarrollo de Cotabambas, Challhuahuacho y Grau (Región Apurímac), han permitido llevar a cabo una programación de inversiones públicas de carácter social por casi 600 millones de soles para los próximos dos o tres años que transformarán drásticamente estas jurisdicciones y mejorará ostensiblemente la calidad de vida de la población, saludó el economista Fernando Castillo Torres, director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En entrevista a RCR, Red de Comunicación Regional, el funcionario aclaró que los pobladores de Challhuahuacho, Cotabambas y Grau deben disipar cualquier temor que tengan sobre eventuales trabas en la ejecución de sus respectivos paquetes de inversiones pues estos proyectos están protegidos mediante un decreto supremo que garantiza que el cambio de gestión gubernamental, a partir del 28 de julio, no afectará la continuidad de las mismas.

Como es público, el mega proyecto cuprífero Las Bambas –cuya concesionaria es la minera MMG- es la inversión privada más grande en la historia del país con un compromiso de US$ 10 mil millones.

El yacimiento (cuya área de influencia directa involucra el distrito de Challhuahuacho y las provincias de Cotabambas y Grau) entró en operación en el 2015 y ha creado veintidós mil puestos de trabajo. En ese marco, en la región existen tres espacios de diálogo, las mesas de trabajo para el desarrollo de las referidas jurisdicciones. Cotabambas hasta hace pocos años estaba en segundo lugar en el ranking de las provincias más pobres del Perú.

Castillo Torres explicó que a diferencia de las otrora mesas de diálogo, que eran creadas por el Estado en reacción inmediata al estallido de las protestas sociales, el nuevo concepto de las mesas de desarrollo buscan no sólo resolver el problema que se expresa en una protesta y coadyuvar a un escenario para el diálogo, sino que tiene un compromiso mucho más proactivo en articular los esfuerzos de los ministerios y demás sectores del Estado para trazas los proyectos de inversión social tendientes a solucionar las demandas de la población para garantizar el desarrollo y mejorar su calidad de vida.

Recordó que la primera Mesa de Desarrollo que se instaló en el país (en reemplazo de las mesas de diálogo) fue en mayo de 2012 precisamente en la provincia de Cotabambas (en julio de ese año fue formalizada en la PCM).

El diálogo con la colectividad organizada, manifestó, ha permitido que la Mesa de Desarrollo de Cotabambas llegue a importantes acuerdos en beneficio de la población, es así que un año después de su instalación, este espacio dio sus primeros frutos con la construcción de la carretera provincial, el anticipo del canon minero para sus municipios e inversiones de envergadura en los seis distritos de la jurisdicción.

Paralelamente, señaló, como fruto de los acuerdos obtenidos en la Mesa de Desarrollo de Challhuahuacho (Cotabambas), entre otras iniciativas, pronto se hará entrega de las obras del proyecto de agua potable y saneamiento de distrito a favor de a toda la población, estimada en más de veintitrés mil personas, esfuerzo que demanda una inversión de sesenta millones de soles; además, pronto se iniciarán las obras de construcción del hospital general de Challhuahuacho.

En tanto, anotó, el proceso de diálogo para el reasentamiento de la comunidad de Fuerabamba (Challhuahuacho) con la empresa MMG se encuentra en su fase final y se mantiene en un nivel positivo el proceso de diálogo en el distrito de Mara y próximamente se hará lo mismo en el distrito de Haquira (ambos en la provincia de Cotabambas).

Dijo que en el seno de la Mesa de Desarrollo de Cotabambas, a su vez se han constituido cuatro sub grupos de trabajo independientes que se abocan a hallar soluciones en los ejes temáticos de: medio ambiente y responsabilidad social; derechos humanos; infraestructura productiva y responsabilidad empresarial.

El desarrollo de este proceso integral en las referidas jurisdicciones, puntualizó, gira sobre dos bases fundamentales: la expectativa tanto de la sociedad civil, las autoridades locales y el Gobierno Nacional de contar con proyectos de crecimiento y la preocupación –expresada principalmente por las organizaciones sociales- en torno a la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Las Bambas a través de un informe técnico sustentatorio.

Comité de monitoreo ambiental participativo

El director de la Oficina General de Gestión Social del MEM refirió que las preocupaciones en materia ambiental generaron varias protestas y en respuesta se acordó en la Mesa de Desarrollo de Cotabambas que se iba a constituir la participación de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en los aspectos vinculados a la constitución de un Comité de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo.

Subrayó la importancia del comité de monitoreo y vigilancia ambiental participativo, del cual el Estado sumen su financiamiento, porque mediante este mecanismo la empresa abre sus puertas, genera transparencia y absuelve un conjunto de dudas que en muchas oportunidades son tergiversadas y utilizadas por terceros.

En los próximos días arribarán a la provincia de Cotabambas técnicos de los órganos competentes del Estado para iniciar un proceso de sensibilización, apertura y capacitación en la población y sus dirigentes sobre el monitoreo participativo.

El funcionario explicó que de acuerdo a los protocolos de la normatividad del Estado, los comités de monitoreo participativo la constituyen pobladores seleccionados que pasan por un proceso de capacitación por parte de técnicos del Estado sobre la cadena de custodia, la forma y toma de muestras, cómo deben informar a su población, etc. y una vez superada esa primera fase, se inician los trabajos de campo con la identificación, primero de los puntos a monitorear que son parte del EIA, trabajo donde también participan los técnicos de la empresa y el Estado a través de sus entes competentes.

El referido comité, anotó, obviamente debe reflejar las preocupaciones de la población de Cotabambas, incluso si existe algún punto que considera importante monitorear y no se encuentra en el EIA puede ser parte de trabajo de este grupo de trabajo.

En ese tenor, informó que en los próximos días se iniciará un programa de visita a las instalaciones de la operación minera de Las Bambas, para absolver algunas quejas de los pobladores en el terreno de los hechos, es así que la empresa abrirá un programa por tres meses para que semanalmente haya visitas y que a través de las organizaciones sociales se pueda conocer específicamente el manejo del agua, con la demostración in situ que no se arrojan residuos, sólo recircula el agua, se pierde un 5% y el resto se reutiliza tras un apropiado tratamiento.