Fuente : Diario Expreso
Fiscales supremos, congresistas y hasta presidente del Poder Judicial terminaron empapelados, luego de criticar beneficios que Vela y Pérez otorgaron a delincuentes brasileños.
Desde que el fiscal superior Rafael Vela coordina las investigaciones a Odebrecht, esta empresa ha sido beneficiada económicamente con casi 2,000 millones de soles. Cada vez que un personaje público con credibilidad ha criticado esta situación, se le han abierto procesos en el Ministerio Público y otras instancias del sistema de justicia, sin importar la cantidad o calidad de los indicios.
Una rápida cronología nos dará las claves para darnos cuenta de que esto no es coincidencia. La insistencia en que se debió incautar los activos de la constructora, pedir captura internacional de sus ejecutivos o acusarlos de haber violado los términos del acuerdo de colaboración eficaz, basta para tener denuncias sobre la cabeza.
Tal vez el caso más notorio es el de José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial. Tuvo la “osadía” de cuestionar que el equipo Lava Jato anunciara que le tomaría tres años elevar acusaciones a Keiko Fujimori y a otros políticos.
“Le veo un pequeño defecto, que es la demora que están haciendo en estas investigaciones (…) lo fundamental en un proceso penal es el juicio oral y a eso debe llegar la Fiscalía”, dijo el juez supremo a RPP, en agosto del año pasado.
LLUVIA DE MILLONES
Ya se había revelado que los brasileños querían 524 millones de soles de la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla. Este dinero estaba retenido por el Estado para garantizar el pago de los S/ 610 millones por reparación civil por cuatro obras confesamente corruptas.
“Lo que hubiera hecho es denunciar a los señores de Odebrecht, conseguir una captura internacional y una vez que sean capturados, recién negociar un acuerdo. El Estado peruano hubiese conseguido probablemente una posición mejor”, sugirió Lecaros el 11 de octubre en ATV.
Días después, se publicaron “denuncias” contra Lecaros, de que era amigo de Salvador Ricci, empresario que había obtenido un fallo favorable en la sala suprema que él integraba. Todo se basaba en un aspirante a colaborador eficaz, cuyo testimonio sigue sin corroborarse.
El magistrado aclaró que la relación amical empezó cuatro años después del fallo, por medio de allegados en común; pero en enero le publicaron un registro de llamadas telefónicas con los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe y Guido Aguila.
Lecaros aclaró que le habían pedido favores, pero que él no había aceptado, y mostró en los hechos que no contrató a allegados ni resolvió a favor de alguno de ellos. Sin embargo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le abrió investigación de oficio porque no había denunciado penalmente a los dos exCNM.
Fue en este punto donde se constató un doble criterio en las altas instancias del Ministerio Público.
ÁVALOS: NO ES DELITO
Nos referimos a la conversación entre César San Martín y Walter Ríos. “No se constata que el primero de los mencionados ofrezca algún donativo o promesa, ni entrega de dinero, beneficios o ventajas futuras”, había dispuesto la magistrada.
“En el caso San Martín, la fiscal de la Nación consideró que el solo recomendar no es delito. En consecuencia, lo que hicieron Gutiérrez y Noguera no es delito. Si esto es así, yo no tenía nada que denunciar”, se defendió Lecaros.
Cabe indicar que las noticias que pretendían incriminar al titular del PJ las publicaron medios de comunicación que defendían abiertamente el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, o donde tiene acciones José Graña, confeso cómplice de los brasileños.
En los últimos días, se vio más “coincidencias” con los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez. Al primero, el juez supremo Hugo Núñez le había archivado la investigación por encubrimiento, por haber removido a Vela y a Pérez del equipo Lava Jato a fines del 2018, basándose en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Pero el caso llegó en apelación a la Sala Suprema que preside Elvia Barrios, hermana de la ministra de Comercio Exterior, Rocío Barrios. Esta “coincidencia” se plasmó en que se ordenó reabrir el caso.
Esto sucedía mientras la Junta Nacional de Justicia aceleraba los casos de Chávarry y de Gálvez. Al primero se le acaba de suspender seis meses, como ocurrió con el segundo. Los argumentos son que, por su alto cargo, podría obstruir las investigaciones, y que al mismo tiempo se le debe continuar el proceso administrativo.
El reemplazo de Gálvez, la fiscal suprema adjunta Martha Maisch, fue escogida en base al mismo artículo de la ley que Chávarry había usado para reemplazar a los del equipo Lava Jato, y por el cual se le procesa.
SUSPENDEN A CHÁVARRY
¿Por qué se había retirado a Vela y Pérez? El 8 de agosto de 2018, días después de haber asumido como coordinador del equipo Lava Jato, el fiscal superior se presentó ante la Comisión Investigadora del Congreso, y anunció que mostraría a la opinión pública el acuerdo de colaboración eficaz.
“Tenemos el compromiso ya de la empresa, de poder hacer públicos estos acuerdos. Es decir, no va a existir más ese secretismo. Naturalmente, que nuestra expectativa es que, en el ejercicio de transparencia de la información, se muestre no solamente el convenio original, sino también el convenio final para que sea objeto, seguramente, de lo que pueda ser opinable, pero que también muestra el acto de transparencia que hemos tratado de sellar”, sostenía Vela entonces.
Sin mayores explicaciones, cambió de opinión, y cuando Chávarry le pidió que le explicara las circunstancias del convenio con Odebrecht, lo acusó de interferir en su investigación.
El mismo presidente Martín Vizcarra regresó de un evento en Brasil con su homólogo Jair Bolsonaro para liderar una campaña contra el entonces titular del Ministerio Público. Ya se había derivado el caso Chinchero a otra fiscal, quien lo reabrió en el extremo que vinculaba al moqueguano.
Ese archivamiento lo había sugerido José Domingo Pérez en marzo de 2018, y lo ratificó el fiscal superior Pablo Sánchez. ¿Otra casualidad?
En el caso de Gálvez, abona a la tesis de represalias, que a mediados del 2017, se reuniera con el fiscal Hamilton Castro, y le recomendara incautar todo el patrimonio de Odebrecht y de Jorge Barata.
El magistrado supremo es experto en Derecho Penal y lavado de activos, a tal punto que había logrado que se deseche la tesis de César Hinostroza, de que debía probarse un delito previo para imputar este cargo.
“Yo le expliqué los artículos que se podían aplicar, pero luego de eso nunca más quiso hablar conmigo. Luego me enteré que Pablo Sánchez lo había reconvenido, y ahora vemos cómo Odebrecht nos sigue cobrando peajes, y se le liberó 524 millones de Chaglla, incluso con mentiras de parte de Vela y Pérez”, indicó el ahora suspendido Gálvez, hace unos días.
A pesar de que ya explicó que se ha descartado cualquier irregularidad en el contenido de sus audios con Hinostroza y otros investigados por el caso “Cuellos Blancos”, la Junta Nacional de Justicia lo ha suspendido seis meses en su cargo.
Justamente, esta suspensión ha sido usada para decir que ya no tiene arraigo laboral, y hacer que se le impida salir del país durante un año.
En este punto, el periodista especializado en temas judiciales César Romero ha advertido que la JNJ habría cometido un error al interpretar su Ley Orgánica para imponer seis meses de suspensión a Gálvez.
“Me parece un error que ese vacío legal e interpretación de la Ley Orgánica no aparezca consignada en la resolución que suspende al fiscal supremo Tomás Gálvez. Además, siendo la primera vez que se utiliza, la JNJ debe poner más esfuerzo en motivar sus resoluciones. La que suspende a Gálvez tiene intención, pero no contenido”, enfatizó.
SIN TESTIGOS
Luego de que denunciara complicidad entre Pablo Sánchez e IDL en el caso Lava Jato, Jorge Castro fue retirado de la comisión del Congreso que investigaba el caso. Ha sido denunciado constitucionalmente por recortar sueldo a una trabajadora, a pesar de que ningún testigo corroboró la imputación.
APELACIÓN
El fiscal superior Alonso Peña Cabrera era jefe de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, hasta que José Domingo Pérez lo acusó ante Control Interno de impedirle investigar a Alan García. No presentó prueba alguna, y esto se archivó, pero está pendiente su apelación.
«FUI A LA PRIMERA»
En el 2002, en el gobierno de Alejandro Toledo, la entonces legisladora oficialista Celina Palomino investigó la obra canal Apacheta-Choccoro de la irrigación Río Cachi, en Huamanga, a cargo de Odebrecht. Desde entonces, fue víctima de marginación y una campaña de difamación.
“Encontré irregularidades y pagos indebidos. La prensa de Odebrecht me difamó en Ayacucho y en Lima, pero no pudieron doblegarme”, señala la ex Perú Posible.
