RCR, 24 de julio de 2020.– El exparlamentario Juan Carlos del Águila, saludó que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso haya convocado a diferentes personalidades para examinar y debatir los términos del Acuerdo de Escazú, tratado ambiental que fue firmado por el gobierno peruano el 2018, al considerar que su ratificación recortaría la soberanía del Perú y paralizaría los proyectos de desarrollo nacional.

“Me parece bien que el actual titular de la Comisión de Relaciones Exteriores esté convocando a diferentes personalidades. Me parece bien que el propio canciller de la República esté cuestionando la celeridad con que se pretende ratificar este acuerdo. Hace bien la Comisión en pedir la opinión de personalidades y abrir un debate nacional al margen de que los plazos sean cortos, porque el Perú no puede someterse a las exigencias de un grupito de países pequeños para estar sometidos a una corte internacional”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que “el propio canciller confirma, en la comunicación que le dirige al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, la naturaleza jurídica vinculante del Acuerdo de Escazú”. “Dijo que este instrumento generará una nueva obligación internacional para el Estado peruano, específicamente en materia de defensores de derechos humanos, por lo que estará sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento”, remarcó.

Advirtió que “si se ratifica este acuerdo el Estado y los peruanos en general vamos a estar sujetos a los caprichos de quien sea”. “No solo de un connacional sino de cualquier extranjero, o una ONG, que puede venir y participar de alguna reunión en Lima, Tumbes, Cajamarca, Loreto y en cualquier parte del territorio nacional para escuchar de algún proyecto de tipo público y privado que, según su criterio, podría ‘alterar el ambiente’, porque basta la sola sospecha para que alguien se oponga y paralice el estudio o ejecución de un proyecto importante para el desarrollo nacional”, dijo.

“Eso no lo podemos permitir. Lo que nosotros necesitamos en esta pandemia es inversión pública y privada. A raíz de la pandemia, lo que más necesita el Perú es inversión, ya sea pública o privada. Limitantes de este tipo es preocupante para todos nosotros. Siempre los extremistas ambientalistas que pululan por ahí buscan congraciarse con los ricachones del mundo y las ONG del mundo, aquellos que financian a estas ONG, que dizque buscan el bienestar del planeta cuando lo que buscan es asegurar sus intereses”, subrayó.

Informó que al Congreso le ha llegado recientemente el proyecto de resolución legislativa que contiene el acuerdo con más de 300 páginas, un voluminoso expediente que merece ser estudiado detenidamente, pero que quienes lo han hecho y son expertos en derecho internacional, vienen manifestando que hay un recorte tácito de la soberanía peruana.

“Cualquier Estado puede demandar al estado peruano y llevarlo a un tribunal internacional y paralizar un proyecto e indemnizar a los defensores de los derechos ambientales, que lo único que buscan son premios y estímulos económicos para justificar las transferencias que reciben del exterior. Eso, los peruanos no podemos aceptar”, precisó.

Ambientalistas a favor de acuerdo

Comentó que “van a haber algunas voces a favor de este acuerdo”. “Unos por desconocimiento de los términos, porque muy pocos se han tomado el trabajo de leer este acuerdo. Y otros porque sencillamente es la oportunidad que tienen, los ambientalistas extremistas, aquellos que lucran con el membrete de ser defensores de los derechos humanos y del ambiente, aquí en la Amazonía hay muchos, para vivir de esas transferencias del extranjero o de la misma caja fiscal porque obtienen consultorías y contratos millonarios desde el propio Ministerio del Ambiente”, indicó.

“Para qué queremos nosotros los peruanos más instancias internacionales para dilucidar alguna controversia local o nacional cuando tenemos los instrumentos jurídicos necesarios y suficientes para resolver una controversia en materia ambiental”. “Nosotros ya tenemos legislación suficiente en el país, para que cualquier ciudadano, ONG y organismo internacional interesado en los derechos humanos o ambientales pueda acudir, porque ya hay instituciones tanto a nivel de Fiscalía o a nivel del Poder Judicial especializadas en materia ambiental”, apuntó.

“Nos disparamos a los pies cuando pretendemos ratificar a un tratado internacional que nos va a someter a la decisión de unos ilustres juristas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo único que han hecho es perjudicar al Perú en sus resoluciones dándole la razón a quienes no la tenían por el terrorismo”, advirtió.

Destacó que “este es un asunto tan importante para el Perú, pero el presidente Vizcarra lo ha llevado de manera subrepticia, porque no ha permitido la participación de otros organismos nacionales para la deliberación oportuna de un acuerdo que compromete a la Amazonía y a todo el territorio nacional”. “Recién cuando el Ejecutivo envía su proyecto de resolución legislativa al Congreso se toma conocimiento en esta instancia y a nivel nacional de los términos del acuerdo firmado por la exministra Muñoz en representación del gobierno peruano”, dijo.

“El acuerdo no ha tenido el suficiente análisis ni el debate técnico, porque no solo son los técnicos del Ministerio de Ambiente asesorados por la Cancillería, sino debieron participar otros organismos decisorios de la política nacional como los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades, las dirigencias indígenas y el sector privado, que van a ser, al lado del Estado, los grandes perjudicados de las limitaciones que nos plantea este acuerdo internacional”, anotó. 

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