Nota de prensa 

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Juliaca demandó a la dirección del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Lampa implementar medidas de seguridad con urgencia para prevenir la propagación del COVID-19 entre las internas y los trabajadores del penal, así como identificar a la brevedad a la población en riesgo para ubicarlos en ambientes seguros.

La recomendación también se formuló a la Dirección Regional de Salud de Puno, a fin de que se realice el tamizaje COVID-19 a la población penitenciaria y se dote de medicamentos al tópico del penal.

Al respecto, el módulo defensorial tomó conocimiento que, a la fecha, existen cuatro servidores contagiados de COVID-19 por lo que exigió dotar al personal del INPE de los materiales y equipos de protección personal (EPP) indispensables, como guantes, mascarillas, lentes, gorros y trajes de bioseguridad, para que desempeñen sus funciones protegiendo su salud, así como la de las personas que tienen bajo su cuidado.

“Urge dotar de implementos de aseo y equipos de protección personal, así como de suficiente agua potable a las internas para garantizar la máxima seguridad posible y evitar un brote del virus. Se debe tener en cuenta que existe población altamente vulnerable, como personas con enfermedades preexistentes, mujeres embarazadas y niños, así como personas con discapacidad, por tal motivo se requieren campañas de limpieza y desinfección permanente en todas las áreas del recinto”, manifestó el coordinador del módulo defensorial de Juliaca, Nivardo Enríquez.

Cabe indicar que la población penitenciaria asciende a 176 internas, de ellas una se encuentra embarazada y seis son madres con hijos.

La Defensoría del Pueblo ha manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad que el INPE adopte acciones para prevenir y contrarrestar probables brotes masivos del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios de todo el país. A través del informe “Situación de las personas privadas de libertad a propósito de la emergencia sanitaria nivel nacional”, la institución advirtió que la salud de la población privada de su libertad se podría ver seriamente comprometida debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad que ya existían en los penales antes de la llegada de la emergencia sanitaria.