Nota de prensa 

Al 9 de agosto, se reportaron más de 22 000 casos de niñas, niños y adolescentes con COVID-19 y 78 fallecidos.

 El mejor regalo para ellas y ellos es respetar sus derechos y brindarles protección, especialmente, en este contexto de emergencia sanitaria.

La Defensoría del Pueblo advirtió las diversas formas en las que se viene manifestando la afectación de los derechos de niñas, niños y adolescentes debido a la pandemia, entre ellas, la abrupta interrupción de sus estudios en la escuela; el libre disfrute de espacios públicos; el contacto físico con familiares, amigas/os o pares; el registro de su identidad o reconocimiento formal al nacer. Asimismo, su derecho a la salud se encuentra constantemente afectado debido al aumento de contagios por Covid-19 en  los últimos días, o por la falta de acceso a servicios de salud para sus primeras vacunas; o por la falta de atención o continuidad de su tratamiento.

Ante esa situación, que perjudica su desarrollo integral, la institución reitera el deber de protección especial que corresponde cumplir al Estado, lo que implica identificar, permanentemente, las necesidades y los problemas de la niñez y adolescencia, en particular, de aquella en mayor situación de vulnerabilidad. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “en un hemisferio marcado por las brechas de desigualdad, las afectaciones en los derechos humanos tienen impactos más acentuados y de forma diferenciada en personas en situación de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes”.

Para la Defensoría del Pueblo los derechos de niñas, niños y adolescentes se deben respetar todos los días y hoy más que nunca. La institución recuerda que, en el país, cada segundo domingo de abril se conmemora el Día de la niñez en el Perú, según lo dispone la Ley Nº 27666 y, cada 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Niño, en consonancia con la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño a nivel mundial. Este instrumento internacional obliga al Estado peruano a respetar sus derechos, especialmente, su derecho a especial protección a este grupo poblacional, lo que resulta más exigible en este contexto para garantizar su desarrollo y bienestar integral y así aminorar el impacto de la pandemia en sus vidas.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige a todas las autoridades del Estado que brinden una respuesta oportuna, diferenciada y descentralizada, acorde a las características y contextos socioeconómicos y culturales de ellas y ellos con el fin de revertir las barreras que impiden o limitan su acceso a los servicios de salud, de importancia para prevenir y disminuir el alarmante nivel de contagio por COVID-19, así como a otros servicios como educación, identidad, protección y justicia. Del mismo modo, las circunstancias actuales requieren de las familias y la sociedad en general, la protección de las personas menores de edad mediante su cuidado integral y buen trato en los diversos ámbitos donde interactúan (personal, familiar, social y educativo, entre otros).

Al respecto, Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y Adolescencia, manifestó que asegurar entornos seguros y libres de violencia, abuso y negligencia, dentro y fuera del hogar, es una obligación que concierne a todas y todos, no solo a las autoridades; la indiferencia o el desvalor de niñas, niños y adolescentes son actitudes sociales que se deben cambiar por una cultura de respeto de sus derechos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo informa que continuará supervisando el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en sus tres niveles de gobierno para garantizar la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.