Fuente: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato de protección de derechos humanos y de supervisión de la buena marcha de la administración pública, recuerda a las autoridades y funcionarias/os públicas/os que deben guardar absoluta neutralidad en los procesos de recolección de firmas que se vienen desarrollando en materia de reforma constitucional.

La promoción y recolección de firmas están en manos de la ciudadanía. El Estado no debe intervenir desarrollando acciones o manifestando posiciones en favor o en contra de las mismas. 

El deber de neutralidad de las/os funcionarias/os públicas/os en esta materia conlleva también a que se encuentre totalmente prohibido utilizar recursos públicos en la promoción y en los procesos de recolección de firmas que actualmente se vienen desplegando. Así también, que se condicione el acceso o permanencia a los beneficios de un programa social o servicio público a cambio de una firma de adhesión a un determinado proyecto.

A tenor de lo mencionado, debe tenerse presente que la contravención de esta obligación, además de conllevar responsabilidad administrativa, puede constituir delito de peculado. Por ello, en miras a salvaguardar el correcto uso de los cargos, bienes y recursos públicos, corresponde a la Contraloría General de la Republica y al Ministerio Público adoptar las acciones preventivas y sancionatorias conforme a sus atribuciones.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de sus 38 oficinas regionales a nivel nacional, viene recomendado a las instancias que representan al Ejecutivo, así como a los gobiernos regionales, provinciales y distritales, cumplir con sus funciones en respeto al deber de neutralidad, incidiendo en la prohibición de no condicionar su atención, servicios o acceso a programas sociales para influir en la decisión de adherirse o no a cualquiera de las iniciativas citadas.

La Defensoría del Pueblo se encuentra alerta y supervisa, en todo el país, el cumplimiento de este deber por las personas que sirven a la ciudadanía desde el Estado y permanecerá atenta para garantizar la plena vigencia y ejercicio libre del derecho a la participación ciudadana en asuntos públicos.