Fuente: Defensoría del Pueblo 

• En confuso episodio, embarcación que trasladaba combustible inmovilizado por fiscalía habría continuado su viaje en zona de minería ilegal sin impediento de las autoridades competentes.

La oficina de la Defensoría del Pueblo de Loreto demandó al Ministerio Público disponer acciones inmediatas para optimizar las labores de erradicación de la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, a través de un trabajo coordinado y eficiente entre las distintas instituciones comprometidas en la protección de la vida, la salud y la seguridad de la población de la zona.

A través de un documento dirigido a la Junta de Fiscales Superiores de Loreto, la sede defensorial comunicó la información recibida de la comisaría de Santa María de Nanay sobre la falta de coordinación que se habría producido entre las autoridades, ocasionando desplazamiento del combustible que había sido inmovilizado por el propio Ministerio Público, en perjuicio de la comunidad de Diamante Azul, en el distrito Alto Nanay.

Se trata de la embarcación “Arnold”, cuya inmovilización fue dispuesta por la Sexta Fiscalía Penal de Maynas; sin embargo la población la intervino cuando trasladaba 300 galones de gasolina y 180 galones de diésel, que se dirigían a una zona donde se denunció el funcionamiento de las dragas utilizadas en la extracción ilegal de minerales.

No obstante, pese a contar con una orden de inmovilización, la comisaría del sector habría permitido el desplazamiento de la embarcación debido a que contaba con autorización de zarpe otorgada por la Capitanía de Puerto, argumentando que se encontraba de tránsito y que el combustible contaba con documentación bajo custodia del ciudadano intervenido por disposición del Ministerio Público.

Frente a esta confusa situación, el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque, se comunicó con la Sexta Fiscalía Penal de Maynas, que precisó que el personal policial debió informar este hecho al fiscal de turno; asimismo, que se estaría programando una diligencia de verificación en la zona.

Al desconocerse el destino que tendrá el combustible, el representante de la Defensoría del Pueblo sostuvo que no pueden repetirse episodios similares, en que la falta de coordinación sobre las competencias de cada autoridad atente contra la seguridad y el medio ambiente de la población.

“Es por ello que, recogiendo también la preocupación de las autoridades comunales de la localidad de Diamante Azul sobre el control del combustible, pedimos a la Junta de Fiscales Superiores que disponga las acciones necesarias para que la lucha contra la minería ilegal se realice de manera efectiva, a través de una labor coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Capitanía de Puerto”, sostuvo el representante de la Defensoría del Pueblo.Sumado a ello, cabe recordar que desde noviembre de 2019 se mantiene vigente la denominada Mesa Técnica contra la Minería Ilegal del Gobierno Regional de Loreto, a través de la cual, en el año 2020, se desarrollaron una serie de acciones necesarias para combatir la minería ilegal y sus efectos adversos en la cuenca del Nanay, espacio de coordinación que debe mantenerse activo en tanto la problemática de minería ilegal es un flagelo latente.