Fuente: Defensoría del Pueblo

• En el marco del Día Internacional del Acceso a la Información, que se conmemora el 28 de septiembre, se recuerda que su práctica permite a la ciudadanía fiscalizar las actuaciones de quienes trabajan en el Estado.

En el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, la Defensoría del Pueblo demanda a todas las entidades públicas a cumplir con sus obligaciones de transparencia activa y pasiva, y les exhorta a promover una cultura de transparencia dentro de las organizaciones, con el objetivo de garantizar el derecho fundamental al acceso a la información pública, respetando los plazos legales y evitando ampliar los supuestos de excepción.

Se recuerda que el acceso a la información pública fomenta la confianza ciudadana en las instituciones públicas y garantiza que las personas estarán en mejores condiciones de fiscalizar y ejercer sus distintos derechos fundamentales. Por el contrario, la falta de transparencia en las acciones del Gobierno promueve una cultura del secreto dentro de la administración pública, creando escenarios propicios para la corrupción.

En ese sentido, es importante que la Presidencia del Poder Ejecutivo transparente su gestión, a través de la publicación de las actas de las sesiones del Consejo de Ministros, o de la realización de conferencias de prensa, de tal forma que brinde detalles de las decisiones adoptadas. Cabe recordar que en estas sesiones se discuten y deciden aspectos relacionados a los derechos fundamentales y trascendentales para la buena marcha del país, en ámbitos de salud, educación, seguridad ciudadana, lucha contra la pandemia, economía, entre otros.

Como se recuerda, en el Caso Claude Reyes vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en afirmar que “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (…) puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas”. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha determinado que el Estado social y democrático de derecho se basa en el principio de publicidad.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de defensa y promoción de este derecho para toda la ciudadanía, en tanto, contribuye a la formación de una opinión pública y libre en un estado democrático. Finalmente, en el marco de su rol de colaborador crítico con la administración estatal, viene supervisando la actuación del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de máximo ente administrativo sobre la materia.