Fuente: NP. Defensoría del Pueblo

Ante la persistencia de diversas formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Urge implementación de la Ley N° 30403, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes por ser  estrategia clave para reducir y prevenir toda forma de violencia en la sociedad.

De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2016, el 26,4% de madres y el 23,1% de los padres todavía utilizan golpes para castigar a sus hijos e hijas; inclusive, el 11,7% de madres y el 6,1% de padres utilizan palmadas como formas de castigo. Asimismo, el 19,2% de las mujeres cree que, algunas veces, es necesario el castigo físico para educar a la niñez y adolescencia.

La forma de educar y/o criar a los niños, niñas y adolescentes recurriendo a los castigos físicos como: golpes, manotazos, bofetadas, palmadas o, con  la humillación que representan los menosprecios, amenazas, insultos; transmite un mensaje peligroso pues se convierte en un referente para resolver conflictos o cambiar comportamientos sin respetar la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales.

La Defensoría del Pueblo (DP) considera que esta forma de crianza debe ser erradicada pues es el origen de las diversas manifestaciones de violencia hacia la niñez y adolescencia. Por lo tanto, la implementación de la Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, debe ejecutarse a la brevedad, para garantizar el buen trato de las personas menores de edad en todos los espacios en los que interactúan.

En ese marco, realizó una mesa de trabajo con el objetivo de conocer el nivel de implementación de la referida ley, y, también, recoger aportes y sugerencias para contribuir a garantizar su efectiva aplicación. Dicha actividad contó con la participación de representantes de diversos sectores del Estado –especialmente, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector en materia de niñez-, así como de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de niños, niñas y adolescentes.

Durante esta actividad, se destacó la importancia de fortalecer el liderazgo del ente rector en la adopción de medidas eficaces que garanticen el cumplimiento de la ley; la necesidad de articulación intersectorial e intergubernamental, la difusión nacional de su contenido, la capacitación a todos los operadores, así como la promoción de pautas de crianza/formación positiva y no violenta, considerando los diversos enfoques (género, discapacidad, interculturalidad, cuando menos). Todo ello, para lograr cumplir las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano y que vienen siendo exigidas en las recomendaciones vertidas por el Comité de los Derechos del Niño.