Fuente: Defensoría del Pueblo

• Acto se llevó a cabo hoy como parte de etapas de investigación a cargo del Ministerio Público.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Apurímac estuvo presente en la ceremonia de restitución de restos humanos de cuatro personas desaparecidas en el periodo de violencia 1980-2000, que llevó a cabo ayer el Ministerio Público a fin de poder darles una sepultura digna de acuerdo a sus tradiciones y costumbres.

Se trata de los restos óseos de Marcelo Solano Ancco, Juan Solano Ancco y Santos Solano Ancco, asesinados en la provincia de Antabamba; así como de Pablo Flores Marca, cuya muerte, ocurrió en la provincia de Aymaraes.

De acuerdo a la investigación fiscal, en agosto de 1989, los hermanos Ancco fueron capturados en la comunidad campesina de Coyllupata, mientras dormían en su vivienda, por personas encapuchadas y armadas, para ser conducidas sin rumbo conocido.

La muerte de Flores Marca, por su parte, ocurrió en 1987 cuando una columna de presuntos miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso ingresó al anexo de Huayquipa, en la provincia de Aymaraes, donde fue ejecutado en presencia de toda la población.

El acto de entrega de los cuerpos de las cuatro víctimas estuvo a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial de Terrorismo y Derechos Humanos de Apurímac y tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Abancay, desde donde serán trasladados a sus respectivas comunidades.

El jefe de la Oficina Defensorial de Apurímac, Artemio Solano, resaltó la importancia del acto oficial al señalar que es la cuarta entrega de los restos de personas desaparecidas en el periodo de violencia de 1980-2000 en dicha región, desde la implementación de la Fiscalía Penal Supraprovincial de Terrorismo y Derechos Humanos de Apurímac.

Cabe indicar que, respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, el Estado solo ha podido recuperar hasta el momento el 19.5 % de los cuerpos de los 20 320 reportados como desaparecidos por el Registro Nacional de Desaparecidos y Sitios de Entierro (Renade). Aún falta encontrar 16 356 individuos que permanecen en diferentes sitios de entierro, labor que merece la atención de todas las instituciones involucradas.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo saluda la reciente aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030 (Decreto Supremo n.° 011-2021-JUS), que incluye el trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. No obstante, preocupa que la meta al 2030 sea la entrega de respuestas a los familiares de solo 40,62 % de personas desaparecidas.

La Defensoría del Pueblo reitera el pedido al Estado de otorgar el presupuesto necesario para ejecutar las medidas que permitan a los familiares de las víctimas ubicar a sus seres queridos, cerrar sus heridas y proceso de duelo. Ellos tienen derecho a obtener una respuesta del Estado sobre lo acontecido con sus familiares.