Nota de prensa 

A través de documento dirigido a alcaldes del sur de Lima y de Cañete, se pidió establecer sanciones a restaurantes que operan como discotecas.

Tras los hechos ocurridos este fin de semana en un local de Punta Hermosa, en que se intervino a decenas de jóvenes en una fiesta pese a encontrarse prohibidas las reuniones sociales, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur demandó a los distritos costeros del sur de la capital adoptar medidas inmediatas para que se imponga sanciones administrativas a quienes incurran en estos hechos que incumplen las disposiciones dictadas para frenar el avance de la pandemia por el COVID-19.

A través de un documento dirigido a los alcaldes de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y Pucusana, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur, Percy Tapia, solicitó que se evalúe la aprobación urgente de ordenanzas municipales dirigidas a restringir el acceso a locales como bares, pubs, discotecas y karaokes que abundan en estas comunas, bajo el establecimiento de sanciones a quienes incumplan las medidas.

De otro lado, se instó a las autoridades ediles a efectuar acciones de fiscalización y control, con apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Prevención del Delito, en dichos establecimientos y en aquellos que vienen operando como locales para fiestas y reuniones sociales bajo la fachada de restaurantes, a fin de hacer cumplir las medidas sanitarias que han sido dictadas para enfrentar la pandemia por el COVID-19.

El documento, que comprende también a los alcaldes de los distritos de Asia, Chilca, Mala, Cerro Azul, Imperial y Cañete, en la provincia de Cañete, incluye el pedido para que las autoridades coordinen con la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Sur la realización de campañas de toma de muestra para descarte de COVID-19 como parte de las acciones de fiscalización y control.

El representante de la Defensoría del Pueblo recordó a las autoridades la obligación que tienen en realizar las acciones de supervisión y fiscalización para el cumplimiento de las disposiciones que regulan las fases de la reanudación de actividades. Además, precisó que en la actual etapa de reactivación económica se encuentran prohibidos los bares, pubs, discotecas, karaokes y afines.

“Teniendo en cuenta la prohibición expresa, el deber de fiscalización de los gobiernos locales resulta fundamental para poder hacer efectivo el cumplimiento de las normas que tienen como propósito evitar la propagación del COVID-19, sobre todo si algunos establecimientos vienen realizando un cambio del giro autorizado por cada municipalidad”, precisó Tapia.