Fuente: Defensoría del Pueblo
Ciudadana que solicitó informes médicos en Hospital de Apoyo Daniel A. Carrión, a causa de agresiones del padre de sus hijos, le cobraron S/ 10.00 y S/ 20.00.
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Huanta demandó al Hospital de Apoyo Daniel Alcides Carrión de esta provincia garantizar la gratuidad de la atención y emisión de certificados e informes médicos en casos de víctimas de violencia familiar a quienes los requieren para procesos judiciales. De lo contrario, no solo se pone una traba al acceso a justicia, sino que se contraviene la Ley n.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Este pedido se realizó luego de conocer que una ciudadana acudió el 19 de agosto a la Coordinación de Promoción del establecimiento de salud a solicitar la copia clínica fedateada, legible y completa de la atención que recibió el 14 de agosto por agresiones del padre de sus hijos. Además, pidió el informe radiográfico de Rayos X de cráneo frontal y lateral codificado a pedido de Interconsulta Médica de Neurología de la Fiscalía.
Sin embargo, le indicaron que la copia de la historia clínica y el informe médico tenían un costo de S/ 10.00 y S/ 22.00, respectivamente, y que no había atención especializada de Neurología. Con la esperanza de ser atendida y reunir los solicitado por medicina legal, retornó el día 25, sin embargo, nuevamente no fue atendida; incluso, habría recibido maltrato por parte del médico de turno, quien habría señalado que era responsabilidad de la fiscalía este procedimiento.
Al respecto, la Ley n.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como la reparación del daño causado. Así, en su artículo 10, reconoce que la promoción, prevención, atención y recuperación integral de la salud física de las víctimas de violencia son gratuitos en los establecimientos de salud del Estado.
En ese sentido, el coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Huanta, Richard Olivera, sostuvo que la ciudadana fue revictimizada y no recibió la calidad de atención que se requería, a través de la debida diligencia, así como la inmediata y oportuna atención conforme lo requiere su caso para alcanzar justicia y el resguardo de su vida.
«El hospital debe adoptar las medidas administrativas que a su juicio resulten idóneas para el esclarecimiento y sanción al personal de turno que atendió a la ciudadana el 19 y 25 de agosto de este año, puesto que habría algunas omisiones o desconocimiento de funciones establecidas por ley, que han vulnerado sus derechos», señaló el funcionario.
