Fuente: Defensoría del Pueblo

• Iniciativa legislativa podría derivar en un uso arbitrario del poder por parte del Ejecutivo en situaciones de emergencia.

La Defensoría del Pueblo planteó al Congreso de la República archivar el proyecto de ley que propone garantizar la distribución equitativa del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, presentado por un congresista del partido de Gobierno, al considerar que podría originar que el Ejecutivo adopte medidas arbitrarias durante los estados de emergencia, las mismas que pondrían en riesgo las libertades de expresión e información.

Tras analizar los fundamentos del proyecto de ley, la institución considera que la iniciativa legislativa carece de fundamento, toda vez que no presenta sustento fáctico ni jurídico. En ese sentido, se hace un llamado a que la comisión a cargo de su debate dictamine su archivo o que sea retirado inmediatamente por el congresista a cargo de su elaboración.

De acuerdo al proyecto de ley, se pretendería facultar al Ejecutivo a adoptar medidas temporales y excepcionales que aseguren que este pueda asumir y explotar redes de telecomunicaciones para la prestación de los servicios de radiodifusión hasta mitigar los efectos de un estado de emergencia. No obstante, no se expone la conexión entre la medida propuesta y los efectos negativos que puedan presentarse durante determinada situación de emergencia. De ahí que, de aprobarse la medida, podría conllevar a que el Ejecutivo adopte medidas arbitrarias que ateten contra la libertad de prensa.

Asimismo, en la exposición de motivos se resalta la necesidad de asegurar determinados porcentajes para la difusión de programación específica. Para la Defensoría del Pueblo, esta propuesta atentaría contra la autonomía de los medios de comunicación, la que se desprende de los principios de pluralidad e independencia.

Otro de los aspectos analizados por la institución es la intención de modificar la legislación para flexibilizar la obtención de autorizaciones para la prestación de los servicios de radiodifusión, lo que supuestamente fomentaría la existencia de una mayor cantidad de medios de comunicación accesibles para todos y que presten tal servicio principalmente en zonas rurales. Al respecto, es necesario advertir los posibles efectos negativos que puede conllevar la reducción de requisitos para el otorgamiento de autorizaciones para la prestación de servicios de radiodifusión, en la calidad de los mismos. Una medida de esa índole, sin la debida justificación, puede conllevar a la proliferación de medios de comunicación sin requisitos tecnológicos mínimos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo no comparte la exposición de motivos de dicho proyecto de ley, en tanto sostiene que los medios de comunicación han incumplido su deber de colaborar con el Estado en la difusión de contenidos educativos o culturales. En un escenario reciente, como es el de la emergencia nacional por la pandemia, medios de comunicación que integran la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, así como el Comité de Radio y la Asociación Peruana de Televisión por Cable han apoyado con la difusión del programa Aprendo en casa, que implementó el Estado para llevar contenidos educativos de manera remota.