Nota de prensa

En supervisión se encontró dos establecimientos de salud cerrados, destinados a la atención de casi 800 personas.

Hay 325 comunidades afectadas por el coronavirus y 1465 personas indígenas contagiadas, la mayoría pertenecen al pueblo Shipibo Konibo, seguido del Cacataibo y Asháninka.

Ante la rápida propagación del COVID-19 en las comunidades indígenas de la región, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión remota, entre los días 8 y 9 de julio, a los establecimientos de salud de las 17 microrredes de las provincias de Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús, identificando el cierre de dos de ellos.

A la fecha, solo el puesto de salud Balta (Purús) restituyó su servicio, mientras que el puesto de salud Miraflores, ubicado en comunidad Santa Clara de Uchunya en Coronel Portillo, se encuentra cerrado desde el inicio de la emergencia. Ante esta situación, urge que la Dirección Regional de Salud – Diresa Ucayali adopte las medidas correctivas inmediatas para garantizar la continuidad de su servicio y atender a las 556 personas que pertenecen a su jurisdicción.

Según el reporte de la Sala Situacional COVID-19 de Ucayali, al 17 de julio, se registró a 325 comunidades afectadas por dicha enfermedad; sin embargo, de acuerdo a la información de la Diresa Ucayali, se han atendido a 216 comunidades nativas a través de los equipos de respuesta rápidas. Por lo que, aún hay una diferencia de 109 comunidades que deben ser rápidamente atendidas.

Al respecto, la institución le exige a la Diresa Ucayali una planificación estratégica en la gestión de salud para atender oportunamente a las comunidades y localidades indígenas de su jurisdicción, debiendo coordinar y articular con las autoridades nacionales y las organizaciones indígenas regionales, así como con los agentes de salud de las propias comunidades, al ser el primer soporte de atención a la enfermedad.

En ese marco, debe priorizarse la continuidad de las Plataformas Itinerantes de Atención Social – PIAS, por vía aérea, con la finalidad de garantizar la atención médica de las comunidades afectadas más alejadas, considerando su inaccesibilidad geográfica y la gravedad de la enfermedad. Asimismo, deben  proporcionar  materiales de protección personal, medicamentos para el tratamiento de COVID-19 y la vigilancia epidemiológica de las personas afectadas.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo reitera la importancia de ejecutar de manera eficiente el presupuesto de S/ 5.5 millones destinados para el financiamiento del “Plan de Intervención del Ministerio de Salud para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonía Peruana frente a la Emergencia del COVID-19″, con el propósito de reforzar la prevención y respuesta rápida de los establecimientos de salud de las comunidades.

De otro lado, con relación a la información que realiza la Diresa Ucayali sobre la situación de la población indígena ante el COVID-19, través de una comunicación la Defensoría del Pueblo solicitó se registre data sobre el número de personas indígenas, sospechosas de contagio, hospitalizadas, recuperadas y fallecidas por el COVID-19, desagregado por pueblo indígena, sexo y edad, así como el número de comunidades afectadas y atendidas diariamente. Sin embargo, aún no hemos tenido respuesta lo que va en contra del deber de cooperación que toda institución tiene con la institución.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades de la región que fortalezcan sus intervenciones a favor de las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas, y a la permanente articulación con las organizaciones indígenas quienes vienen alertando de las necesidades persistentes en las comunidades de Ucayali.

Dato: El Gobierno Regional de Ucayali a través de la Dirección Regional de Salud tiene un avance del 53.4 % en la ejecución del presupuesto para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. Por su parte, la Red de Salud N° 1 Coronel Portillo tiene un avance de 21.7 %, la Red de Salud N° 3 de Atalaya: 29.7 % y la Red de Salud N° 4 Aguaytía – San Alejandro: 58.1 % (consulta amigable del MEF).