Nota de prensa 

·         Falta de articulación y asistencia técnica son los principales problemas.

·         12 municipios provinciales aún no conforman su instancia provincial.

La Defensoría del Pueblo advirtió algunas limitaciones en el trabajo articulado que le corresponde, según la Ley n.° 30364, a las instancias regionales (IRC) y provinciales (IPC) de concertación para erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar. En ese sentido, ha formulado recomendaciones a los gobiernos locales y regionales, y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de tal manera que se fortalezca la labor interinstitucional para prevenir y eliminar esta problemática.

En efecto, una supervisión defensorial a las IRC ha permitido advertir que, si bien existen avances significativos respecto a años anteriores (2017-2019) en cuanto a aprobación de documentos internos de gestión, las sesiones y la asistencia técnica del MIMP, aún hacen falta mayores esfuerzos y un trabajo articulado. Ello debe significar una sinergia con instancias como la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y también las instancias distritales, así como una coordinación permanente con el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia

Una de las principales demandas de las instancias hacia el MIMP fue la necesidad de fortalecer el equipo que brinda la asistencia técnica a las IRC para que esta sea periódica y sostenida (ya que la misma fue calificada como “intermedia” por la mayoría de instancias regionales). Asimismo, se constató que solo 9 de las 26 IRC realizaron campañas de sensibilización contra la violencia hacia mujeres y el grupo familiar, en coordinación con la CMAN.

Otro de los problemas experimentados por las IRC fue el impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo que originó falencias en la conectividad para las reuniones virtuales, priorización de la atención de los casos relacionados al virus, ausentismo en las sesiones debido a los contagios de las y los integrantes, entre otros.

Por otra parte, preocupa que aún existan 12 municipalidades provinciales (de las 164 supervisadas) que aún no han creado su IPC, pues argumentaron que carecen de una adecuada orientación y conocimiento, además de la alta rotación del personal las gerencias de desarrollo social. Además, se conoció que 23 de estas entidades provinciales calificaron la asistencia técnica brindada por el MIMP como “inexistente” y 9 como “inicial”, lo cual debe revertirse con ayuda de este ministerio.

En esa línea, se ha recomendado al MIMP fortalecer la asistencia técnica a los gobiernos regionales y provinciales, con el objetivo de que esta se brinde de manera descentralizada a través de las personas y coordinaciones de las unidades territoriales del Programa Nacional Aurora. Por otra parte, se ha solicitado a los gobiernos regionales, como presidentes de las IRC, elaborar y aprobar los planes de trabajo y publicarlos en sus páginas web, además de realizar un informe de cumplimiento de los mismos. Finalmente, se ha solicitado a los gobiernos provinciales la culminación de la creación de las IPC mediante ordenanzas específicas.

La Defensoría del Pueblo, en su calidad de entidad supervisora, realizará mesas técnicas con todas estas entidades, de tal forma que se puedan conocer y evaluar los avances en la implementación de las recomendaciones y se puede lograr un trabajo articulado que permita erradicar la violencia contra mujeres y el grupo familiar.

Puede ver el Informe de supervisión sobre el funcionamiento de las instancias regionales y provinciales de concertación para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/03/Informe-de-supervision-sobre-el-funcionamiento-de-las-instancias-regionales-y-provinciales-de-concertacion-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar-.pdf.