Fuente : Diario Uno
Osiptel autorizó a las operadoras de telecomunicaciones a realizar desde hoy cortes en el servicio por falta de pago. Empresas dejarán sin educación a distancia ni posibilidad de teletrabajo a millones de usuarios, lo que provocaría que aún más gente salga a las calles en busca de recursos. Y el Ejecutivo no dice nada al respecto.
La resolución emitida por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), mediante la cual autorizó a las empresas operadoras del rubro a efectuar cortes del servicio por falta de pago a partir de hoy, ha generado diversas críticas, tanto desde el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y desde sectores de la sociedad civil.
Si bien el presidente de Osiptel, Rafael Muente, señaló que se evaluará postergar la vigencia de la resolución N° 043-2020-PD/Osiptel, que autoriza el corte de las comunicaciones a quienes mantengan 3 o más recibos pendientes de pago, hasta la fecha dicha resolución se mantiene vigente a pesar de contravenir la política del gobierno en el marco del Estado de Emergencia.
Como se recuerda, el Ejecutivo dispuso, mediante Decreto de Urgencia 035-2020, que las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones pueden brindar facilidades para el pago de los recibos que se hayan emitido en marzo del 2020 o comprendan algún consumo realizado durante el período de emergencia.
Sin embargo, desde el Ejecutivo apenas llegó el recordatorio del ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Lozada, respecto a que “si los titulares de las líneas no se han acogido aún al fraccionamiento, deben pagar al menos uno de los recibos de telefonía hasta el 3 de junio para mantener su servicio”.
RECHAZO GENERAL
El congresista de Podemos, Daniel Urresti, se manifestó en contra de dejar incomunicados a millones de peruanos que no pueden pagar sus consumos a causa de la paralización de actividades por la pandemia. “Nadie le pide a las compañías operadores que den internet gratis. Solo se les pide comprensión para que no le corten el servicio a los que, por ahora y debido a la pandemia, no pueden pagar”, escribió en Twitter.
Por su parte, el presidente de la comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Carlos Simeón, consideró excesiva e irregular la resolución de Osiptel, por vulnerar “los derechos e intereses de la población”. “Se está actuando de manera arbitraria e injustificada”, agregó.
En tanto, Robertina Santillana, vicepresidenta de la comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, calificó de “inaceptable” la resolución de Osiptel, y señaló que esta debe ser evaluada y si es posible anulada. Además, mencionó que harán un llamado al primer ministro Vicente Zeballos, para que se pronuncie sobre la resolución que rige a partir de hoy.
DECISIÓN VULNERA DERECHOS
La Defensoría del Pueblo también expresó su preocupación sobre el riesgo que corren millones de personas, cuyos derechos de acceso a la telesalud, educación a distancia y teletrabajo serán afectados, con la medida anunciada por Osiptel. El titular del organismo, Walter Gutiérrez, advirtió el riesgo de agravar aún más los efectos en la población, con un aislamiento total sin comunicaciones.
“El distanciamiento social decretado por el estado de emergencia sanitaria solo será viable si las y los ciudadanos pueden mantenerse conectados y comunicados a través de estas vías alternativas”, señaló en un comunicado.
Gutiérrez manifestó que el Estado debe tener la capacidad de identificar quiénes sí pueden y deben realizar tales pagos, y quiénes no. En ese sentido, remarcó que “la política del Estado debe, por tanto, ser focalizada y segmentada para evitar perjudicar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad económica, cuyos derechos fundamentales serán afectados al restringírseles el acceso a esta trascendental vía de comunicación en pleno Estado de Emergencia”.
ORGANISMOS SUPERVISORES ESTÁN PINTADOS
De otro lado, el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, consideró que en el Perú los organismos reguladores “están pintados”, y los ministros, que son parte del Ejecutivo, “tampoco han hecho nada”. “¿O qué han hecho o dicho los ministros de Energía y Minas, y de Transporte y Comunicaciones? ¿Han cuestionado siquiera estas disposiciones? Está claro que a las empresas les interesa muy poco la cuarentena, lo que les importa son las ganancias y maximizar las utilidades con la cuarentena”, apuntó.
El economista también señaló que el gobierno, que ha subsidiado a las empresas con el Programa Reactiva Perú, debió acordar con las operadoras de telecomunicaciones a fin de que estas “no cometan esta serie de abusos y así la gente pueda fraccionar su deuda”. “Nadie quiere que le regalen, pero se tiene que respetar un principio básico, que es pagar lo que se consume. Las empresas de telecomunicaciones han reducido la velocidad, y han encontrado modos de presionar a los usuarios. Y acá nadie defiende el interés público”, añadió.
ENERGÍA CARA CON GAS BARATO
Finalmente, Manco Zaconetti advirtió que problemas similares se están presentando en otros rubros, como el de energía. “Las empresas eléctricas en el Perú han estado obteniendo ganancias en una porcentaje que duplica la tasa de ganancia en Estados Unidos, utilizan solo el 50% de la capacidad instalada, venden energía cara a pesar de que la producen con gas barato de Camisea, y a pesar de todo eso a los clientes residenciales les cobran 57 dólares por megavatio/hora, mientras que las grandes empresas solo pagan 27 dólares.”.
Además, denunció que las empresas de suministro eléctrico están cobrando de acuerdo a los consumos reportados en febrero, ya que las empresas que realizan las lecturas de consumo han dejado de trabajar durante la cuarentena. “Hay miles de restaurantes y otras empresas que han dejado de consumir energía eléctrica y sin embargo les siguen llegando los recibos con un monto igual a febrero a pesar de que no ha habido lectura”, cuestionó.
