RCR, 25 de noviembre de 2022.- Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señalo que el IPE ha calculado que la crisis política provocará una caída de la inversión privada de 2.8% el año 2023. En ese sentido, indicó que la propuesta de promoción del empleo juvenil no va a ser suficiente, para impulsar las contrataciones si es que primero no se genera confianza en los inversionistas.
“El clima de incertidumbre sigue en aumento. Son ocho trimestres consecutivos de expectativas en terreno pesimista y eso genera que se paralice una buena parte del sector privado. La inversión privada es el principal motor de generación de empleos del país y es ahora uno los principales riesgos para el empleo formal en el 2023. En el IPE estamos estimando en una caída al rededor del 2.8% para la inversión privada del próximo año. Entonces este es una caída mayor a la que estamos esperando para el 2022”, dijo.
Señaló que va ser mucho más difícil la recuperación de la confianza del sector privado para nuevamente apostar por la economía a través de mayores inversiones, a través de una mayor contratación de personal nuevo y todo por el estilo. “Hay que recordar que la confianza empresarial que mide el Banco Central de Reserva mes a mes se encuentra en terreno pesimista ya desde hace 19 meses”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“En el IPE estimamos que si se materializa este escenario de caída de la inversión privada de alrededor de 2.8% el próximo año se evitarían por lo menos la creación de alrededor de 20 mil empleos formales, teniendo en cuenta que para los jóvenes antes de la pandemia se crearon alrededor de 9 mil empleos formales al año y la pérdida sería dos veces esa cantidad de empleos que se generaban solo para jóvenes en el ámbito formal”, precisó.
Respecto a la iniciativa de promoción del empleo juvenil, dijo que en la práctica propone que las nuevas contrataciones de jóvenes entre 18 y 29 años la realicen empresas con una seria afectación laboral de hasta 100 trabajadores. “El subsidio implica que el Estado va a asumir temporalmente el pago de un determinado porcentaje de la remuneración de estas nuevas contrataciones”, explicó.
Manifestó que la medida no es suficiente en un contexto donde la informalidad laboral juvenil se encuentra en máximos históricos. “Hace algunas semanas desde el IPE publicamos un informe alrededor de este tema. En el primer semestre del año el número de jóvenes que trabajan en la informalidad en el área urbana ha crecido significativamente y se ha encontrado en uno de los máximos históricos que tenemos. Alrededor de 2 millones 600 mil jóvenes”, apuntó.
Expresó que el proyecto plantea que el subsidio sea temporal, por seis meses y más o menos escalonado. “El efecto es que puede haber mayor participación laboral de los jóvenes, pero eso se puede desvanecer conforme acabe el subsidio. Ahí es donde tienen que entrar otros factores que van más allá de una norma que tiene que ver con un subsidio y tiene que ver con la recuperación económica plena, sobre todo con la recuperación de la inversión privada”, observó.
Consideró que el Tribunal Constitucional, al resolver que el Congreso de la República tenga iniciativa de gasto, erosiona en parte la institucionalidad fiscal, que se ha venido tratando de construir a lo largo de los últimos 30 años. “Es un tema que preocupa porque normalmente el Tribunal Constitucional siempre ha generado los pesos y los contrapesos entre las iniciativas populistas que puedan venir desde el lado del Legislativo como también del lado del Ejecutivo. En ese sentido es donde se abre digamos ese riesgo que se generen contingencias fiscales hacia futuro y que el MEF no las pueda manejar en este ciclo hacendario”, subrayó.
