Experto en temas de contrataciones con el Estado, Víctor Hugo Quijada, cuestionó también la vulnerabilidad y “flexibilidad” de la normatividad vigente, en relación a la corrupción, respecto al tema de contratación de obras públicas.

RCR, 4 de julio 2019 .-  La contratación pública de obras de infraestructura en el Perú se ha manejado, y se maneja, mediante un esquema de corrupción política y legal desarrollado por las grandes empresas, consorcios y proveedores nacionales e internacionales, manifestó el experto en temas de contrataciones con el Estado, Víctor Hugo Quijada.

“Es todo un esquema y sistema de corrupción y entrampamiento que ha sido manejado por estos  grandes proveedores (y grandes empresas). Y que no es una problemática de ahora, sino de mucho atrás. Porque hay que recordar que el contrato de los ferrocarriles, y del guano y el salitre, tuvieron un sistema muy similar, donde hubo colusión entre privado y funcionario”, subrayó.

Indicó que la principal modalidad de este entramado corrupto se ha basado en el  aprovechamiento ilícito de la normatividad local, amoldado a las “necesidades” de los proveedores, para lo cual estos últimos han manejado grandes lobbys y demás intereses, entre abogados, funcionarios de alta dirección pública y sus equipos técnicos, para poder “manejar” las obras públicas, desde su inicio y concepción.

“Hay que recordar que las obras nacen con los estudios de pre inversión y los expedientes técnicos. Desde ahí se ha visto la forma como ellos han trabajado, direccionando en la etapa de procedimiento de selección, manejando las bases de acuerdo a los requerimientos que necesitaban sus proveedores. Y después, en la ejecución contractual, en cómo las famosas adendas han ido cambiando. Incluso, los arbitrajes, direccionados también en favor de estas empresas”, especificó.

Quijada participará, este 12 de julio, en el Seminario “Corrupción en la Contratación Pública de Obras”, organizado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL), y que abordará los aspectos técnicos de estos procesos.

Explicó que, de manera general, la contratación pública se rige por dos formas, respecto a la infraestructura: 1- la ley de contrataciones, en la cual se ve obra pública directamente por recursos propios, y 2- la ley de Asociación Pública Privada, respecto a que son las concesiones.

“Hay que la mayoría de temas de corrupción se ha dado por la ley de concesiones privadas. Se han visto concesiones que han sido manejadas generalmente por el ´Club de la Construcción´, y por Odebrecht y OAS, que están investigados y procesados por el caso Lava Jato”, detalló.

De otro lado, el analista cuestionó que el Perú sea el único país de América Latina que aplica el principio del arbitraje para temas de contratación pública.

“En Argentina y Chile se va al Poder Judicial. En teoría, se trata de que se le quita carga al Poder Judicial, ya que el sistema de justicia está totalmente desprestigiado. Pero ha sido un cambio de mocos por babas. Porque se suponía que los más probos iban a ver el arbitraje y los problemas contractuales del Estado. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario. De las investigaciones que pueden revisarse, hay más de US$ 300 000 000 (trescientos millones de dólares con los) que se favoreció a Odebrecht, en arbitrajes”, puntualizó.

Hay debilidad en los órganos de fiscalización y sanción Quijada denunció igualmente la debilidad de los órganos de fiscalización y sanción en el tema de los contratos públicos, aunque se hayan registrados algunos avances con el equipo fiscal anticorrupción Lava Jato, que lidera Rafael Vela.

“(Pero) en el aspecto de la Contraloría, al señor Nelson Shack no lo vemos activo. Encima, sale una resolución del Tribunal Constitucional que deroga su facultad sancionadora. Y allí ha quedado el tema. No se ha aclarado, y no se están prosiguiendo los procesos sancionadores”, remarcó.

Estado debe invocar cláusula anticorrupción para anular contrato del Gasoducto surperuano Respecto al caso del Gasoducto del Sur peruano, Quijada dijo esperar también que el Estado invoque la nulidad del contrato con la empresa Odebrecht, en aplicación de la cláusula anticorrupción; y, respecto al tema penal, prosigan las investigaciones con las últimas declaraciones de los directivos de la citada compañía brasileña.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Quijada denunció también la vulnerabilidad y “flexibilidad” de la normatividad vigente, en relación a la corrupción, respecto al tema de contratación de obras públicas.

“En los últimos treinta años, hemos tenido una normativa muy flexible. En lo que corresponde a la ley de contrataciones, sí existen mecanismos de control, porque el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) lo supervisa de manera directa. Pero (el problema se da) en lo que concierne a los gobiernos subnacionales, que son quienes más aplican las normativas”, apuntó.

Dijo que un buen ejemplo de ello ha sido el caso del exgobernador del Cusco, Jorge Acurio, quien ahora está preso, por el caso del Hospital Antonio Lorena.

“En esos casos, lo que se ha visto es que, en la etapa de actos preparatorios, se han ´manejado´ presupuestal y técnicamente, los expedientes técnicos. Y en los procesos de selección se direccionó el proceso para gane la empresa. Como nos enteramos que le dieron la buena pro y firmó contrato, nos enteremos posteriormente que le dieron la coima al exgobernador”, detalló.

Agregó también que, con esa lógica, “le sacan la vuelta” en el manejo de las bases y la parte de los estudios previos.

“Es allí donde está el candado y el tema del asunto directo, por el cual existen alcaldes y gobernadores que se dedican a eso, y de empresas proveedoras que dan coimas. Y lo que se ha visto, aparte de la voluntad política, es un ´equipo técnico´ que va rotando de gobierno en gobierno regional y de alcaldía en alcaldía. Y con compadrazgos en los órganos de control regional y locales”, concluyó.

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