Fuente : Poder Judicial
Magistrada participó como ponente en seminario internacional organizado por fundación del Ecuador
Las acciones ejecutadas por el Poder Judicial del Perú, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia, en favor de las personas con discapacidad (PCD) permite mostrar logros significativos para beneficio de esta población en condición de vulnerabilidad.
Así lo remarcó la integrante de la referida comisión judicial, jueza especializada Maruja Hermoza Castro, durante el I Seminario Internacional “Derecho de las Personas Indígenas con Discapacidad”, organizado por la Fundación ANEUPI de Ecuador.
La magistrada consideró que el acceso a la justicia de esta población está garantizado a través de la Alerta Judicial para las Personas con Discapacidad, el Protocolo de Atención Judicial, el reconocimiento de apoyo y salvaguardias, así como la accesibilidad a las instalaciones judiciales y respeto a su dignidad.
Respecto a la alerta judicial, explicó que esta funcionalidad está implementada en el Sistema Integrado Judicial (SIJ), la cual advierte a juezas y jueces sobre la existencia de procesos judiciales en los que participan o estén involucradas, indirecta o indirectamente, las PCD cualquiera sea su nacionalidad.
Esto permite, agregó, garantizar la celeridad en los procesos judiciales y hacer ajustes de procedimiento según la política institucional para efectivizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Sostuvo, además, que la Comisión de Acceso a la Justicia capacita de manera permanente a las juezas, jueces, servidores jurisdiccionales y administrativos de las 35 cortes del país en el funcionamiento y uso del referido aplicativo.
PROTOCOLO DE ATENCIÓN
En otro momento de su ponencia, la magistrada señaló que el Poder Judicial aplica, desde el 2018, de manera obligatoria el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad a fin de garantizar un efectivo acceso a la justicia con igualdad de condiciones que los demás justiciables.
Señaló que este protocolo establece lineamientos para los operadores de justicia con el propósito de brindar una adecuada atención a las PCD, reconocer el ejercicio pleno de su capacidad jurídica, disponer apoyo personalizado y efectivo, así como el respeto a su autonomía y dignidad para proteger sus derechos fundamentales.
Agregó, asimismo, que todos los magistrados (as), servidores (as), trabajadores (as) administrativos del Poder Judicial, de acuerdo con su competencia funcional, deben aplicar el protocolo, es decir desde el personal de seguridad, mesa de partes y los servicios judiciales de las 35 cortes, la Corte Suprema, las comisiones del Poder Judicial y la Gerencia de Informática.
Finalmente, la magistrada señaló que todas estas actividades son ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial, de acuerdo con lo que recomiendan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las 100 Reglas de Brasilia.
