Fuente :Diario el Tiempo de Piura

Los especialistas consideran que dicho proyecto podría causar que los bancos no estén en la capacidad de hacer grandes préstamos.

Hoy podría ser aprobado en el pleno del Congreso el proyecto de ley que busca congelar el pago de créditos en el sistema financiero por tres meses, como medida para ayudar a quienes se han visto perjudicados por la pandemia de coronavirus (COVID-19). De ser así, esto podría generar una nueva crisis y, en el peor de los casos, perjudicar también a los ahorristas.

Así lo consideró el presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Martín Naranjo, quien advirtió que se podría perjudicar a cerca de 10 millones de ahorristas, al verse afectada la solvencia del sistema.

En el mismo sentido, los economistas de Piura expresaron su preocupación, pues el principal negocio de los bancos es cobrar a los deudores, dinero con el cual le pagan a los ahorristas. Entonces, se generaría un desbalance en los bancos que, en última instancia afectaría a los ahorristas.

A criterio de estos, de ser aprobada esta ley, quienes sufrirían más son las instituciones bancarias menores: podría haber pánico en los ahorristas y comenzarían los retiros masivos de los fondos, lo que implicaría un problema para la sostenibilidad de los bancos.

Las entidades grandes seguirán pagándole a las ahorristas, pero igual se verá afectada su liquidez y eso se traduciría en que no puedan seguir otorgando préstamos, con lo cual a la crisis económica podría sumársele una financiera.

Ante ello, el economista de la Universidad de Piura (UDEP), Mario Alvarado, opinó que lo más conveniente es que se establezca una negociación directa entre el banco y el cliente, pues cada caso merece un tratamiento distinto.

“Es un hueco que generarían a los bancos y estos tendrían menos posibilidades de hacer préstamos. Lo más sano es permitir que los bancos, en negociación directa con los clientes, reprogramen las deudas. Cada situación es diferente: no puede haber una norma general cuando cada caso necesita un tratamiento diferenciado”, declaró.

Otras opciones
El economista Jorge González Izquierdo fue enfático al afirmar la población de menores ingresos -y que han sido perjudicadas por la pandemia- sí deben recibir ayuda para pagar sus dedudas financieras, pero no bajo la modalidad que sugiere el Congreso.

“El Congreso estaría introduciendo un antecedente de que sí se pueden modificar las reglas -económicas- del juego en cualquier momento. Eso afecta a la inversión privada porque no van a invertir si hay inestabilidad”, señaló.

 No obstante, “si el Congreso insiste con esa ley”, González explica que una salida que genere menos daño sería poner un tope, es decir, que se congele la deuda solo de aquellas personas que tengan deudas hasta por un determinado monto.

“Otra salida es que de los bancos nazca la política de hacer reprogramaciones de deudas, en las que se contemple un periodo de gracia de unos seis meses en los que no se pague intereses. Eso lo podrían hacer voluntariamente los bancos”, añadió el especialista.

Sin perjuicios
Por su parte, el decano del Colegio de Economistas, Humberto Correa, consideró que la ley, aunque sí es populista, no generaría ningún tipo de efecto.

“No veo mayor impacto [de la ley] para los ahorristas porque las tasas de interés son tan bajas que no tiene prácticamente impacto sobre su riqueza. No pasa más que por ser una medida populista”, subrayó.

Dicho esto, Correa explicó que más pertinente sería que el Congreso establezca políticas para el mediano y largo plazo: “Hay que corregir las distorsiones del sistema financiero, como los excesivos intereses que se cobran a los deudores y lo poco que perciben los ahorristas”.

En el Congreso

Ante los más de 3 millones de empleos que se han perdido, el parlamentario de Acción Popular, Franco Salinas, explicó que se ha estudiado cuidadosamente la ley, por lo cual no supondría ningún perjuicio al sistema financiero, pues “se trata de reprogramar, no de condonar”.

Por el contrario, la congresista María Luisa Silupú (Fuerza Popular) señaló que el proyecto de ley presenta artículos que no están claros y genera dudas.
“No olvidemos que el Congreso no puede, mediante una ley, afectar o cambiar una sentencia judicial”, refirió.

Datos
* Se excluyó del proyecto de ley a los créditos dados por las cajas municipales, cajas rurales, microfinancieras (Edpyme) y cooperativas.

* Se excluye de ser beneficiaros a los trabajadores con rentas de quinta categoría (en planilla) que mantengan su condición laboral igual al día anterior al 15 de marzo, fecha en que se declaró el estado de emergencia.