RCR, 25 de octubre de 2109.- La situación en el sector energía y minas ya no solo es preocupante, sino de urgente necesidad para enrumbar la capacidad de intervención del Estado en los escenarios de conflictividad. El pasado miércoles publicamos el informe Energía y minas: ¿será posible retomar el camino?, en la que se daba cuenta de la precariedad en el manejo de los conflictos socio ambientales en un ámbito que concentra la mayor inversión del país.
Es una realidad que no pude ser cubierto con percepciones y experimentos de funcionarios que llegan al aparato público con niveles de gestión que distan de la altura requerida y que, una vez en el campo, no pueden desarrollar planes y estrategias que faciliten a los responsables de cada sector, como ha pasado, según informan los medios locales, recientemente Tumilca, distrito de Torata, en Moquegua, donde los encargados del área de conflictos del sector energía y minas estuvieron ausentes a la hora de brindar el soporte correspondiente al titular del portafolio, lo que generó nuevos incidentes con los dirigentes y autoridades de la zona.
Otro ejemplo de que las decisiones que se tomaron al interior de ese ministerio son erradas y pasan la factura a la nueva gestión, es lo ocurrido el pasado 21 de este mes en Moquegua mismo, cuando el ministro Juan Carlos Liu hizo una visita para abordar los temas del Comité de Seguimiento de los Acuerdos de la Mesa de Diálogo y Fondo de Desarrollo de Quellaveco.
En esa oportunidad el alcalde provincial de Mariscal Cáceres y las autoridades ediles distritales se retiraron de ese proceso aduciendo incumplimientos de la minera Angloamerican, sumándose así a las demandas de beneficios que exige el distrito de Tumilaca. Circunstancias similares enfrentaron al día siguiente los ministros de Agricultura y Vivienda.
Aquí cabe una pregunta ¿Por qué las áreas de manejo de conflictos no advirtieron a tiempo a los ministros respecto a la situación y a la previsible posición que adoptarían las autoridades locales?
Pero la factura iría un poco más allá, de no tomarse en cuenta la necesidad de cambios inmediatos para reorientar el trabajo de campo y de interacción con las comunidades. El proyecto Zafranal, que logró avances sustanciales para concretar la operación minera, estaría a punto de un serio revés, según se comenta en Arequipa, por un inadecuado manejo del tema social, lo que habría generado profunda preocupación en el directorio de la empresa propietaria de esta mina con sede en Vancouver, al extremo que habría planteado reevaluar el taller informativo programado en la localidad de Huancarqui, provincia de Castilla.
De esta situación se estarían aprovechando los opositares y agitadores políticos radicales al proyecto Tía María, quienes se habrían desplazado hasta la zona de Majes para respaldo a quienes están promoviendo el rechazo a Zafranal.
Quienes conocen al actual ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, señalan que es un reputado técnico con capacidad ejecutiva y amplio conocimiento del sector. Sostienen, además, que una de sus acciones estaría enfocada en recuperar el nivel de presencia y efectividad de ese ministerio en la promoción de la inversión en minería, energía, gas y petróleo.
Para ello, señalan voceros de ese sector, es preciso la corrección inmediata de políticas erradas, entre ellas, lo referido al área que tiene bajo su responsabilidad la conflictividad socio ambiental. Incluso los propios trabajadores de ese ministerio estarían solicitando el cese de despido de funcionarios “con capacidad profesional y mucha experiencia”, tal como señala el Oficio N° 020 – 2019 – SITRAOMEM- CE, cursado hoy al titular de esa cartera.
