COMUNICADO PÚBLICO SOBRE EL ACUERDO DE ESCAZÚ
Los gremios que suscriben el presente comunicado, representantes de la producción, el comercio y los servicios, a nivel nacional, manifiestan su preocupación por lo que representaría para el país la posible ratificación del denominado Acuerdo de Escazú, que obligaría a los Estados de América Latina y el Caribe a implementar en su legislación una serie de medidas supuestamente dirigidas a asegurar el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia, en los asuntos ambientales, buscando proteger a los defensores de los derechos humanos en estos asuntos.
Es claro precisar que el Estado Peruano reconoce el derecho a un medio ambiente sano reconocido en el marco de la legislación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de la OEA. Debemos recordar asimismo que nuestro país reconoce los derechos y acceso a la información dentro de los alcances de la Ley de Transparencia y el Acceso a la información Pública (Ley 27806), habiendo creado las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental y el Sistema Nacional de Información Ambiental, entre otras medidas en este ámbito. Por tanto, el referido acuerdo postula una posición que el Estado Peruano mantiene como norma a nivel nacional. Cabe resaltar que el referido Acuerdo de Escazú podría exponer al país a que se agoten las instancias nacionales, internacionalizando los problemas en este ámbito. Hipótesis que es inadmisible pues el país podría ser acusado ante Cortes Internacionales o hasta la Corte Internacional de la Haya, en caso se trate de un país quién presente la denuncia.
Lo más grave que puede ocurrir con una posible ratificación de este acuerdo es la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional ya el Perú estaría expuesto a los marcos normativos internacionales. Lo que significaría que estaremos exponiendo a más del 60% del territorio nacional que es la Amazonia peruana, así como el territorio andino, costero y marino a un Tratado que genera inestabilidad jurídica en el país afectando indudablemente a las inversiones y al propio desarrollo de las poblaciones de nuestro territorio nacional.
De los 22 países que firmaron el Acuerdo de Escazú entre los años 2018 y 2019, sólo 9 países han ratificado el Acuerdo. Ningún país de la Alianza del Pacífico ni el Brasil, siendo claro que todos estos países mantienen la defensa de su soberanía sobre sus territorios nacionales.
Es por estas consideraciones y reconociendo que nuestro país cuenta con una Ley General del Ambiente que establece los derechos ambientales de los ciudadanos peruanos, incluidos el acceso a la información de manera oportuna y la participación en la gestión ambiental y los procesos de toma de decisiones, es que consideramos que no es conveniente ratificar el Acuerdo de Escazú, en aras de proteger nuestra soberanía nacional y dotar de seguridad jurídica a las actividades económicas del país.
