Fuente: La Repùblica

La Comisión Lava Jato concluyó que el expresidente Alejandro Toledo (que tiene en curso un proceso de extradición desde losEstados Unidos) y los representantes de los grupos empresariales brasileños Odebrecht y Camargo Correa tuvieron un acuerdo para que estos últimos resultaran favorecidos con la entrega, en concesión, para la construcción de la Carretera Interoceánica.

Así se indica en el capítulo III del texto final, titulado Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, tramos 2-3-4.

En el informe aprobado por mayoría, se señala que como presidente de la República, Toledo promovió la adopción de decisiones para que el proyecto de infraestructura se ejecute de manera rápida y sin mayores contratiempos.

Esto suponía, dice la comisión, no solo impedir que los plazos se posterguen, sino, aparte, interponer buenos oficios ante las autoridades encargadas del proceso para que dichas empresas (Odebrecht y Camargo Correa) consigan condiciones contractuales bastante favorables a sus intereses.

Los resultados de la investigación arrojan, entonces, que el proyecto de la Interoceánica no era prioritario, aunque se justificó su ejecución por la supuesta rentabilidad económica que traería, sobre todo para el sur del país.

Es en ese contexto, añade el documento, los beneficios de la obra no solo se sobrevaloraron sino que los montos de inversión superaron en más de 200% lo presupuestado en un inicio.

Se debe precisar que se recogen las declaraciones de Jorge Barata(exfuncionario de Odebrecht), quien dijo que se reunió con Toledo,Avraham Dan-On y Josef Maiman, en la suite presidencial del Hotel Marriot, en Brasil.

Barata, de acuerdo con el expediente fiscal, fue comunicado entonces de que debía pagarle 35 millones de dólares al exmandatario para que Odebrecht fuera beneficiada con el proyecto IIRSA SUR.

Sin embargo, según el exrepresentante de la constructora, el pago solo ascendió a 20 millones porque no se cumplió con la modificación de las bases para impedir la participación de otras empresas en el concurso público.

Todos juntos

La comisión encuentra responsabilidad penal en Toledo. Así, habría cometido el delito contra la administración pública en su modalidad de colusión, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias. Y también sería responsable del delito de lavado de activos.

Pero no solo es Toledo quien aparece como responsable. Junto a él, el informe sostiene que actuaron en calidad de cómplices, entre otros, Dan On, Barata, pero también José Alejandro Graña-Miró Quesada (presidente-director de Graña y Montero), Fernando Camet (presidente del directorio de JJC Contratistas Generales).

El documento también rescata la participación del ex presidente, Pedro Pablo Kuczynski.

«Odebrecht, a través de la celebración de contractos ficticios, consiguió estrechar lazos con Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien ostentaba el cargo de ministro de Economía y Finanzas y de presidente del Consejo Directivo de Proinversión», establece la comisión investigadora que presidió Rosa Bartra (FP).

Un hecho que siempre se ha destacado en la historia de la Interoceánica tiene que ver con todos los arbitrajes que se sucedieron durante el proceso y cuyos resultados, por lo general, terminaban siempre siendo contrarios al Estado.

Efectivamente, el informe indica que el proyecto IIRSA Sur tuvo, en sus tres tramos, un total de 32 arbitrajes.

De ese total, 26 fueron tramitados ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima: 25 veces, el Estado perdió.

En ese sentido, la comisión rescata la «participación reiterada» de los árbitros Horacio Cánepa Torres (que representó 16 veces al consorcio constructor) y de Randol Campos Flores, quien hasta nueve veces fue designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a pesar de perder casi siempre.

Con los arbitrajes, el costo del proyecto IIRSA Sur se elevó en 171 millones de dólares.

Mañana: Continúa el informe Lava Jato

La clave

– El informe también sugiere responsabilidades en funcionarios como el extitular del MEF Fernando Zavala, la exjefa del gabinete de asesores del MEF Cecilia Blume y el exembajador Fernando Olivera. Aunque en esos casos se advierte que por los años transcurridos, los presuntos delitos prescribieron.

El papel del árbitro Horacio Cánepa

– El informe de la Comisión Lava Jato señala que «se puede derivar que hubo concertación entre las concesionarias, los funcionarios que debían vigilar los intereses del Estado y los árbitros con la finalidad de obtener laudos arbitrales favorables a las empresas consorciadas, a cambio de transferencias encubiertas utilizando empresas offshore».

– Añade: «Existen declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz afirmando que hubo coordinaciones entre (el árbitro) Horacio Cánepa y un representante de Odebrecht para recibir depósitos en cuentas en paraísos fiscales para su beneficio y, además, para asegurar los laudos en procesos vistos por otros árbitros, siendo Cánepa el encargado por la concesionaria en esa tarea».