RCR, 20 de julio de 2020.- El congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso y excontralor general de la República, anunció que en el transcurso de la semana la comisión citará al presidente Martín Vizcarra para que rinda su manifestación por los contratos que su cuñado, Fredy Herrera Begazo, suscribió con el Estado por más de S/. 320,000. También adelantó que revelará en los próximos días más casos de contrataciones irregulares vinculados al entorno de Palacio de Gobierno.

“Vamos a enviar la citación al presidente de la República y él nos tiene que indicar el lugar, la fecha y la hora, porque es su prerrogativa por el cargo que ocupa. El presidente Martín Vizcarra tiene 46 denuncias a nivel de fiscalía que siguen en investigación. Estamos haciendo seguimiento y pidiendo información”, indicó el parlamentario arequipeño a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que la Comisión de Fiscalización ha detectado más casos de contrataciones irregulares parecidos al del caso Richard “Swing”. “Hay más casos y están ingresando al despacho de la comisión, ahora tenemos que resolverlo, decidir si nosotros lo investigamos o lo comunicamos a la Contraloría. Yo creo que por lo delicado de los temas lo vamos a tomar como Comisión y lo vamos a empezar a investigar nosotros. Todos los casos están ligados al entorno cercano a Palacio de Gobierno, contrataciones y compras”, dijo.

“Es lamentable como la Ley de Contrataciones se ha estado mal utilizando, incluso en ministerios se hacen directivas a su medida para hacer contrataciones. Me parece muy raro que la Contraloría no haya observado en los últimos años. Es lo que vamos a revelar en los próximos días. El caso Swing en el informe se multiplica fácilmente por miles”, comentó.

“También estamos viendo el caso de la subsecretaria general de Palacio y todos adolecen de lo mismo, funcionarios que contratan a sus familiares en diferentes entidades públicas y lo peor es que estas personas no lo precisan en su declaración jurada de intereses. Cuando vemos que el hermano beneficiado no declara a la hermana que está en una posición de poder. Y vemos su contrato, este está con un perfil a su medida y se vuelve a repetir la historia de Swing, es la misma modalidad”, añadió.

Caso del cuñado

El parlamentario informó que, en la contratación del cuñado del presidente de la República, “hay suficientes y muy claros delitos”. “A pesar que la población que no maneja contrataciones se da cuenta que es irregular como se está llevando esta y otras contrataciones que son de conocimiento público. En esta semana ya entregamos el preinforme, se discute en la comisión, se hacen los ajustes necesarios, se pasa un informe final, se lleva al pleno y de ser aprobado, se va a las instancias correspondientes”, anunció.

“A parte del informe con responsabilidades que vamos a publicar nosotros, tiene que haber una modificación en la Ley de Contrataciones del Estado, porque se está haciendo mal uso de esta ley, especialmente en contrataciones menores a 8 UIT. Estas contrataciones menores a 8 UIT son directos y prácticamente son contratos servidos. Antes del 2016 eran 3 UIT, se ha cambiado a 8 UIT y se ha convertido en un carnaval”, afirmó.

Señaló que el cuñado del presidente, en su manifestación a la Comisión de Fiscalización, “vino con una explicación bastante sesgada de la Ley de Contrataciones, interpretándolo a su medida, indicando que él no es un contratista del Estado, que él da servicios de conciliación”. “¿Conciliación? Para que usted realice procesos de conciliación en el Estado tiene que hacer cursos en el Poder Judicial y solo para cuando haya divergencias en contratación. Ese es un primer punto que le aclaramos y que no estábamos de acuerdo”, indicó.

“Él insistió que es un servicio personalísimo y de manera continua. Sí, ha sido continua, pero cada orden de servicio es un contrato separado. Incluso los objetos de contratación han sido totalmente diferentes. Si él mantiene esa posición yo diría que ahí más bien es un fraccionamiento”, anotó.

Enfatizó que cada contrato tiene que ir con una declaración jurada para establecer si tiene alguna incompatibilidad de contratar con el Estado. “Si dice no, procede su contrato. Él ha mentido y estaría sujeto incluso a una denuncia por falsedad. Me extraña que ante esas denuncias el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce) no haya iniciado de oficio un proceso de inhabilitación, porque solo en el Ministerio de Agricultura ha firmado 20 contratos, es decir 20 órdenes de servicio que dan S/. 350 mil”, explicó.

Consultorías frecuentes

Alarcón anunció que la Comisión de Fiscalización   ha encontrado consultorías al Ejecutivo con frecuencia desde el 2016. “Hemos pedido toda la información de contratos por asesorías, consultorías, servicios de menos de 8 UIT y publicidad. Hay una serie de nombres contratados con mucha frecuencia y habría que ver cómo se contrató, si era necesario o no. Este tema va creciendo”, remarcó.

También expresó que la denuncia constitucional en su contra busca desacreditar la labor de la Comisión de Fiscalización. “Me ha llamado la atención la agilidad y la rapidez con que la Fiscalía ha señalado una denuncia constitucional en mi contra ante el Congreso de la República. Yo soy consciente que tenía esta denuncia cuando salí de la Contraloría y el origen fue no aceptar las presiones del Ejecutivo”, afirmó.

En ese sentido, Alarcón aseveró que la denuncia respondería a una venganza por investigar los casos de corrupción en las obras de Chincheros, la Línea 2 del Metro y el Gasoducto. Solo en estos cuatro proyectos habían $ 15,000 millones de dólares. Es un montón de plata, es el presupuesto de 10 gobiernos regionales. No acepté presiones y al final me sacaron de la Contraloría y no solo me sacaron, sino que me denunciaron por enriquecimiento, peculado, colusión, nepotismo y al final estoy levantando uno a uno mis casos en la Fiscalía”, dijo.

Remarcó que “hay muchos temas a parte de las presiones, y no solo de los políticos, me visitaron en ese entonces hasta los empresarios organizados, fue el mismo Graña Miro Quezada a mi despacho, del estudio Echecopar. Graña fue a mi despacho a decirme ‘contralor que pasó’, para cambiar la forma de actuación de la Contraloría, parece que se acostumbraron a decir que la Contraloría nunca los tocaba”.

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