Asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, Neyra recordó que la Constitución establece, en su artículo 2, el referéndum como un mecanismo de participación popular en los temas de interés nacional.
RCR, 6 de diciembre 2018.- A pesar de que nuestra Constitución ha sido reformada muchas veces, ésta es la primera vez que la ciudadanía es consultada para este propósito, en un referéndum como el que realizará este domingo 9 de diciembre, destacó la asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra.
“Generalmente, sólo lo ha hecho sólo el Congreso, desde 1993 (en que fue promulgada). Y la última vez que fuimos a votar (sobre un referéndum) fue por el Fonavi, en el 2010. En el 2005 (fue) este intento de las macrorregiones, que no prosperó. Y antes para aprobar la Constitución de 1993”, especificó.
Los cuatro proyectos de reforma constitucional a ser consultados en el referéndum del 9 de diciembre incluyen: 1.- Conformación de la Junta Nacional de Justicia (ex CNM); 2.- Financiamiento de las organizaciones políticas; 3.- la no relección inmediata de los parlamentarios de la República; y 4.- El tema de la bicameralidad en el Congreso.
En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Neyra recordó que la Constitución establece, en su artículo 2, el referéndum como un mecanismo de participación popular en los temas de interés nacional.
“El inciso 17, habla expresamente del derecho de participación política. Y el artículo 31, que nos habla del derecho al voto, pero que dicho voto no solo es para elegir autoridades, sino también para participar en consultas populares, como es el caso del referéndum”, anotó.
Dijo que la consulta para crear la Junta Nacional de Justicia (antes CNM) uno de sus principales cambios es el de establecer un tercer modelo de elección, basado en el mérito, a fin de evitar toda interferencia extraña de otros sectores.
“Y este modelo o planteamiento estará a cargo de una Comisión Especial. Esta Comisión lo que hace es seleccionar a los siete mejores (candidatos a integrar la JNJ) que encuentren, dentro de un perfil. Y serán ellos los que luego se encargarán de nombrar a los jueces fiscales”, apuntó.
Respecto a la segunda propuesta, referida al financiamiento de las organizaciones políticas, indicó que lo que plantea esta reforma es que la sanción por la financiación ilegal no solo sea administrativa, sino que sea también pueda ser civil e, incluso, penal.
“Que sea (considerado) un delito especial para sancionar el tema de financiación irregular, como pasa en países de la región, como Chile o Colombia. O en países de Europa, como Italia, España o Alemania, que han entendido que es importante controlar esta etapa de financiamiento”, puntualizó.
Expresó que la no relección inmediata de los parlamentarios de la República aborda un tema de igualdad, respecto a las otras instituciones y organismo de la Nación.
“Queremos que las autoridades tengan el mismo trato. ¿Por qué no tenemos la posibilidad de reelegirse para el presidente, el gobernador regional o el alcalde, pero sí para el congresista? Y lo segundo, es este derecho que tenemos de participar en política, pero no de reelegirnos en política. Pero no es una prohibición absoluta”, aseveró.
Por último, dijo que en el tema de la bicameralidad en el Congreso, el actual Parlamento en funciones ha creado polémica, con la introducción del término controversial “en el mismo cargo”.
“Ahí genera la duda sobre cuál va a ser la interpretación. Algunos dicen, por un lado, que esta idea de ´el mismo cargo´ implica que se si va a incorporar un sistema bicameral, dado que en este momento son congresistas, este periodo no cuenta para la relección. Otros dicen que vamos a equiparar los actuales congresistas a los diputados y, entonces ellos van a ser senadores, y seguir cambiando de cargo. Y eso es la preocupación”, especificó.
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