Fuente: La República
Riesgos. Cuestionan que Procuraduría y Ministerio Público tengan estrategias distintas que colisionan en investigación. Advierten que si no definen colaboración eficaz, Barata no hablará y casos de corrupción pueden quedar en la impunidad.
La investigación del caso Odebrecht ha entrado en una situación muy delicada debido a que no hay un acuerdo entre el Ministerio Público y la empresa brasileña en la entrega de información, por lo que no habrá declaraciones de Barata ni de otros ejecutivos en los juicios orales para sustentar los cargos contra los implicados y todo puede quedar en la impunidad.
Así lo manifestó el exfiscal Avelino Guillén, quien consideró que hay un error en la estrategia del Estado, pues no ha tenido una definición clara de cuál va a ser la condición jurídica de Barata.
Esto hace evidente un avance y retroceso permanente, agrega, siendo preocupante que haya quedado en el limbo el proceso como aspirante a colaborador eficaz que empezó en noviembre del 2016 y hasta la fecha no culmina.
Guillén explicó que la indefinición es de tal envergadura que en algunos procesos Barata declara como aspirante a colaborador eficaz y en otros casos, por esa declaración, es comprendido en investigaciones penales.
“Ha surgido un entrampamiento. La Fiscalía quiere que Barata y los ejecutivos de Odebrecht brinden toda la información, pero estos exigen que antes se firme un acuerdo de no incriminación por todo lo que van decir y la Fiscalía no acepta esta situación”, señaló.
Para Guillén, el pedido de la Fiscalía es legítimo, pero tiene que ceder y reconocer que se debe firmar ese acuerdo que abarque todos los extremos de la declaración que va a brindar Barata, de lo contrario no hablará. Por lo pronto, las declaraciones programadas para mayo se han suspendido.
El exfiscal precisó que Barata ya no quiere declarar vía cooperación internacional, una modalidad que hábilmente la Fiscalía de Lavado de Activos había utilizado para obtener información. “Lo que quieren Odebrecht y Barata es una definición del Estado y la Fiscalía para saber cuál va ser su condición jurídica”, indicó.
Guillén sostuvo, además, que debe haber una iniciativa liderada por el Ministerio Público, donde los procuradores y el Ministerio de Justicia tengan clara cuál va ser la estrategia para obtener mayor información y la Fiscalía pueda sustentar sus acusaciones.
“Está en peligro la estrategia global del Ministerio Público. El caso es muy grave pues Barata y los ejecutivos de Odebrecht deben declarar sí o sí en el juicio oral, que es donde se entregan las pruebas y se materializan”, añadió.
Perjudicial
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, consideró perjudicial que no se haya culminado el proceso de colaboración eficaz, herramienta para obtener información de colaboradores que, a su vez, esperan ser recompensados.
“Si no le ofrecen ningún beneficio, resulta lógico que no van a querer colaborar y se va a cerrar a la posibilidad de conocer la verdad. En ese caso funciona un principio de proporcionalidad: tanto de información eficiente me das, y tanto de beneficios te doy”, precisó.
Según Rodríguez Tineo, una de las principales pruebas de que la Fiscalía podría aportar en su acusación para un juicio oral, serían las declaraciones o las actas de colaboración eficaz ya terminadas y firmadas.
“Las actas de colaboración eficaz las aprueba un juez de investigación preparatoria y se convierte en prueba documental si es que ellos no quieren asistir como testigos al juicio oral. Pero este procedimiento tiene que terminar para que sea una prueba válida, sino la defensa podría cuestionar su validez”, aseguró.
El exprocurador Ronald Gamarra manifestó que al no haber investigaciones independientes o paralelas a la información que maneja Odebrecht, es vital contar con la información que tiene Barata en su poder para llegar a conocer la verdad.
“No hay coordinación entre los órganos del Estado. A la procuraduría no se le permite actuar a nivel de la colaboración eficaz, entonces tiene una agenda propia que algunas veces colisiona con la estrategia de la Fiscalía, que debería convocar a la procuraduría para informar del avance de las investigaciones y establecer una estrategia conjunta”, puntualizó.
La clave
– No se ha cerrado en absoluto la posibilidad de que las empresas ligadas a Odebrecht en el caso de la Interoceánica sean incorporadas en el proceso, pero en la forma cómo lo habían sido hecho, según la Sala de Apelaciones, era irregular, aseguró Duberlí Rodríguez.
Heresi dice que coordinará con procurador
– El ministro de Justicia, Salvador Heresi, dijo que coordinará con el procurador ad hoc Jorge Ramírez para evitar que no suceda lo que se está planteando: que podría caerse toda la investigación. “Eso sería muy lamentable”, advirtió. Precisó que la Fiscalía tiene autonomía para adoptar los acuerdos en materia de colaboración eficaz, y en ese marco la empresa investigada va a buscar no ser incriminada.
– Sobre cuándo se volverá a entrevistar a Barata, Heresi sostuvo que eso le corresponde ver al Ministerio Público como responsable de la acción penal; y respecto al cobro de la reparación civil, el ministro aseguró que se está aplicando lo que dice la ley, que establece que deben pagar los que han sido declarados culpables o se hayan señalado responsables, como el caso de Odebrecht.