RCR, 06 de Diciembre 2024.- Gabriela Flores, representante de la Organización Japiqay, señaló que el dictamen del Congreso de la República que pretende modificar las normas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), pondrían en riesgo el apoyo internacional para las asociaciones y organizaciones civiles en el país
“El dictamen que se pretende aprobar modifica una serie de normas incluyendo normas tributarias, pero con el fin de no transparentar como dicen sus autores, sino más bien debilitan la fiscalización que ya realiza la APCI y otras entidades”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Flores destacó que, aunque el objetivo del dictamen es fortalecer la transparencia, las organizaciones no gubernamentales (ONG) ya están sujetas a una adecuada supervisión.
“Las ONGs fiscalizadas por la APCI y las que están inscritas, presentan informes anuales dando cuenta de los recursos recibidos, de quienes las han financiado, qué proyectos han ejecutado y si pueden realizar auditorías o supervisiones a los proyectos. Además, son sujetos obligados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para reportar operaciones sospechosas y detectar posible lavado de activos”, precisó.
Advirtió que las modificaciones propuestas generarían incertidumbre en las entidades que otorgan cooperación internacional, quienes podrían evitar otorgar recursos por temor a ser criminalizadas.
“Las entidades que dan la cooperación internacional estarían inmersos en el marco de esta norma con el riesgo de ser sancionadas o estigmatizadas en función de los proyectos y los temas que financien con lo cual pretenden limitar el apoyo de estas organizaciones”, indicó.
Flores resaltó que otro punto crítico del dictamen es la creación de un registro para las ONG, el cual podría ser utilizado para eliminar a aquellas que realicen actividades orientadas a mejorar políticas públicas.
“Establece un registro para que estemos como en una especie de lista negra aquellas organizaciones que realizan cualquier tipo de acción que está orientada a mejorar las políticas públicas”, declaró.
Finalmente, subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, pero consideró que el dictamen pone en riesgo la cooperación y debilita a las entidades fiscalizadoras.
“Lo que nosotros planteamos es que este dictamen no apunta a eso, al contrario, debilita a las entidades que realizan la fiscalización y pone en riesgo, el combate contra el lavado de activos y delitos tributarios. Por lo tanto, planteamos a la representación nacional, a que no aprueben el dictamen como está, sino que lo regresen a comisión”, concluyó.
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