Fuente: Perú21 

Empresa brasileña, que debió ejecutar construcción, no quiere que la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato sea parte del proceso. 

En 2010, la empresa brasileña Camargo Correa se adjudicó el proyecto Alto Piura por más de S/479 millones. A la firma del contrato asistieron las entonces autoridades regionales y el ex presidente Alan García , todos mostrando singular alegría. Hoy, nueve años después, el megaproyecto de irrigación ha quedado inconcluso, y con dos investigaciones fiscales en curso.

El 1 de octubre de 2018, la Procuraduría ad hoc, que preside Jorge Ramírez, solicitó constituirse como actor civil en la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción de Piura. El procurador solicita la incorporación de Camargo Correa como tercero responsable por los presuntos daños que ocasionó al Estado. De manera preliminar, Ramírez pidió S/11 millones de reparación civil.

El pedido de la Procuraduría prosperó el 28 de enero de 2019. Sin embargo, Eduardo Paes de Barros, uno de los representantes de la firma, apeló para que el requerimiento de la defensa del Estado quede sin efecto.

QUE SE QUEDE EN PIURA

El brasileño argumenta que le corresponde a la Procuraduría del Gobierno Regional de Piura llevar el caso porque así lo contempla la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

En declaraciones a Perú21, una fuente de la Procuraduría ad hoc explicó que la legitimidad de la institución en este caso se fundamenta en la resolución que designa a Ramírez para defender los casos de corrupción vinculados a las empresas peruanas y brasileñas. Además, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado ha respaldado su competencia.
La audiencia de apelación fue el 26 de marzo de 2019, pero aún se espera el pronunciamiento de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura, conformada por los jueces Andrés Villalta, Jorge Ruiz y Edwin Culquicondor. O le dan la razón a la Procuraduría ad hoc o a la empresa brasileña.

En 2013, el Gobierno Regional de Piura disolvió el contrato a Camargo Correa por acuerdo mutuo debido a los constantes incumplimientos.
Durante la gestión del ex presidente regional, Javier Atkins, la constructora recibió un adelanto de S/73 millones que hoy la región pide que sean devueltos. Mientras tanto, Camargo Correa reclama el pago de S/120 millones por gastos generales, ampliaciones de plazo y daños y perjuicios.

El proyecto Alto Piura tiene como finalidad construir una represa y un túnel de conducción transandino, que transportaría agua desde el río Huancabamba a la cuenca del Alto Piura para regar 50,000 hectáreas.

POSTURA DE LA FISCALÍA

La tesis de la Fiscalía norteña es que funcionarios del Proyecto Alto Piura, del Gobierno Regional y de la empresa supervisora se habrían coludido con los representantes de Camargo Correa para beneficiar a la empresa brasileña.

De 2010 a 2013, los funcionarios piuranos aprobaron diez adicionales de obra, valorizados en S/183’521,580, a favor de Camargo Correa. Sin embargo, la obra contaba con un deficiente avance.

Alan García firmó contrato con Camargo Correa.

En la Fiscalía Anticorrupción de Lima también se investiga el proyecto Alto Piura, pero la lupa está en el otorgamiento de la buena pro. La hipótesis de la fiscal Mónica Silva es que Camargo Correa pidió al entonces presidente de Brasil Lula da Silva, hoy preso por corrupción, intermediar ante Alan García, por el mencionado proyecto

TENGA EN CUENTA

-La investigación fiscal en Piura está cargo de Doliveth Infante. Esta se encuentra en etapa preparatoria por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

-Los investigados en este caso son Reynaldo Hilbck, ex presidente del directorio del proyecto Alto Piura, y los ex gerentes de Infraestructura de ese organismo Luis Ríos y Alejandro Olazabal, Karl Asmat, entre otros. También figura Javier Atkins, ex gobernador regional de Piura.

-En la lista también figuran los ex ejecutivos de la firma Camargo Correa: José Alvez, Bernard Torres, Julimar Saito y Eduardo de Moraes Passos.