Estado no hace nada para garantizar seguridad y conservación de área natural.
RCR, 28 de diciembre de 2019.- Segundo Vicente Calle, expresidente del Comité de Gestión del Bosque de Protección del Alto Mayo de la región San Martín, advirtió que el bosque se encuentra invadido por bandas de narcotraficantes, madereros ilegales y traficantes de tierra que son un peligro para la conservación de los árboles y los ríos de esa zona a pesar de que es un área legalmente protegida por el Estado.
“En el área protegida existe gente que está dedicada al sicariato y actividades ilícitas y esos intereses han hecho que tengamos amenazas de muerte y hemos pedido una fiscalía especializada para la mancomunidad municipal de Rioja y Moyobamba con el fin de generar proyectos de control social porque lo que va a llevar a la conservación del área protegida no es la fuerza de las armas sino la toma de conciencia del morador que recibe los beneficios de esta área natural protegida”, indicó Calle a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que Bosque de Protección del Alto Mayo fue creado el año 1987 para proteger la cuenca colectora de la parte alta del río Mayo y que “el gobierno demoró 13 años para poner una administración de una gestión limitada porque tenía solamente cinco personas para dar seguridad y protección a 182 mil hectáreas”.
“La construcción de la Marginal de la Selva da lugar a una corriente migratoria de gente de Amazonas, Cajamarca y Piura hacia el área protegida. A esto se suma que al momento de crearse el área protegida tenía dos pueblos con reconocimiento municipal que eran Afluente y Jorge Chávez”, contó.
Relató que “eso se agravó cuando la gestión del área protegida expresa la necesidad de retirar o cancelar los reconocimientos que habían hecho malos gobiernos locales como los de Moyobamba y Rioja, que habían reconocido a ocho pueblos más dentro del área y que dos de ellos ya tenían servicios de salud y el resto colegios secundarios como el caso de Paraíso”.
“Esto generó el año 2011 una serie movilizaciones contra el plan maestro que se había hecho el año 2008. En esta convulsión estas gentes para asegurar su permanencia construyen una trocha carrozable de 9 kilómetros desde Aguas Verdes hacia adentro. Las mismas autoridades ofrecían servicios a los centros poblados que habían reconocido anteriormente”, dijo.
Comentó que el 2013 el Estado firmó un acuerdo con la población para trabajar en la conservación del área protegida pero bandas delincuenciales empezaron a utilizar como fachada a las rondas campesinas para anular ese convenio. Explicó que los supuestos ronderos son en realidad traficantes de tierras y de madera.
“Estos utilizan el área protegida no solamente para el refugio de estas gentes delincuenciales sino para gente que ya desarrolla actividades ilícitas como el sembrado de amapola y coca. Hay gente que utiliza el área para traficar tierras y para el tráfico de drogas”, aseveró.
Recordó que el año 2016 gente contraria a la gestión del área protegida secuestró y torturó a policías y guarda-parques y declararon como territorio liberado el bosque sin recibir ningún tipo de condena por esos delitos. “El entonces presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que los ‘ronderos’ habían actuado en defensa de su territorio y nosotros le dijimos que él estaba equivocado porque el territorio donde se había cometido este delito es un área protegida”, dijo.
Ver entrevista…
