RCR, 03 de noviembre de 2023.- Oswaldo Molina, director de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), dijo que las autoridades regionales no han sido capaces de invertir en obras públicas la suma de 45 mil millones de soles, que la minería ha aportado en los últimos 10 años. Señaló que el Estado no ha podido transformar esos recursos en mayor bienestar para la población, siendo la principal causa de los conflictos sociales.
“En los últimos años ha habido un aumento considerable en el nivel de ingresos por concepto de canon, sobre canon y regalías. En el 2022 casi se duplicó el presupuesto del año anterior, 24,700 millones, cerca de 2,6% del PBI. Sin embargo, durante estos últimos 10 años en donde hubo ingresos por más de 127,000 millones de soles se ejecutó 63%. Se han dejado de invertir 45,000 millones”, dijo en el Jueves Minero “Evolución del proceso de descentralización”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Enfatizó que con los 45,000 millones aportados por la minería se hubiesen podido cerrar las brechas sociales en las regiones mineras. “Hubiésemos podido cerrar más las brechas. La minería sí ha dado los recursos, pero los problemas de una descentralización fallida, con un esquema que no funciona y con autoridades que no funcionan, no ha sabido aprovechar esta oportunidad”, indicó.
“Por ejemplo, San Marcos, que es el distrito que más recurso de canon y regalías mineras tiene, a octubre de este año ha ejecutado 21% del presupuesto recibido. Al 2017 solo contaba con seis postas de salud para atender a más de 17 mil personas. Cómo es posible que el distrito más rico del Perú no el distrito más rico del Perú tenga esas condiciones. San Marcos necesitaría 18 veces su capacidad actual de ejecución para poder ejecutar el presupuesto que tiene”, precisó.
Remarcó que la minería provee los recursos, pero el Estado, debido a una mala descentralización, no es capaz de transformar esos ingentes recursos en bienestar. “Eso se refleja en insatisfacción, en molestia y evidentemente parte de eso explica los altos niveles de descontento social. De 224 conflictos sociales que están en la Defensoría del Pueblo 139 son socioambientales y de esos un porcentaje importante tienen que ver con minería”, afirmó.
“En los últimos años ha habido un aumento de conflictos mineros. Creció 20% desde el 2021, superando el periodo 2017-2020. Hay más conflictividad, porque no somos capaces, por culpa de esta situación, de transformar esos recursos en bienestar”, observó.
Explicó que hay deficiencias en el diseño y en la implementación de la descentralización. “Por la implementación acelerada de las competencias. Una ausencia de capacidad institucional que lidere este proceso. La falta de personal con capacidades técnicas en los gobiernos subnacionales, pero aquí ni siquiera estamos considerando la enorme rotación que hay de trabajadores municipales. Y, evidentemente una incapacidad de gasto”, apuntó.
“En la implementación ha fallado la integración de regiones, la incapacidad de poder integrar las macrorregiones. También el shock de las transferencias, de un día para otro y de manera desorganizada todas las transferencias. Y, evidentemente la ausencia de un órgano representativo”, subrayó.
