RCR, 28 de junio de 2024.- El consultor en minería y energía, Fernando Castillo Torres, dijo que la detonación de explosivos y la retención de mineros de la empresa Marsa, evidencia que no se está midiendo el real avance de la minería ilegal en el país. Advirtió que hay un Estado silente que no actúa frente a las actividades ilegales y criminales, lo que permite su avance.
“No se está midiendo la real magnitud de lo que de lo que ha significado como avance y posicionamiento de la minería ilegal en el Perú. Ya no estamos hablando de manera informal y del proceso formalización. A nivel del país y del Estado la discusión se está dando todavía en los procesos de formalización y el Congreso ha aprobado normas vinculadas a ir por el lado de la formalización, cuando está demostrado que ya no es el problema principal”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que el país ha pasado de un problema de informalidad minera a un problema de ilegalidad minera absoluta, en el cual ya se está teniendo muestras de extorsión y de actos delincuenciales planificados con armamento o con explosivos. “Solo el año pasado, en un año la policía ha decomisado a 20,000 cartuchos de dinamita en Pataz nada más”, indicó.
“Los distintos brotes de conflictividad global que hay en el mundo hacen que los mercados internacionales y las potencias empiecen a refugiarse más en el oro. La tendencia es que el año 2030 llegue a los 3500 la onza. El cobre ya estaba bordeando los $10,000 la tonelada y el país va a recibir más tributación, pero a la vez va a perder probablemente 6000 millones de dólares si es que no se corrige este problema de la minería ilegal”, expresó.
Sostuvo que los dirigentes de los frentes de defensa y las comunidades, que se oponían a la industria minera moderna, ahora se están dedicando a la minería ilegal. “Se ha disminuido los bloqueos de carreteras. Gran parte de estos dirigentes y agitadores políticos sociales que han obstruido la minería legal en el pasado se han volcado a desarrollar minería ilegal”, afirmó.
“Ahora ya no son antimineros, ahora son promineros, pero le llaman la minería del pueblo. Walter Aduviri, que se opuso a Santa Ana, Corani y fue el Aymarazo y él ahora te dice yo no estoy en contra de la minería, pero la minería no debe ser desarrollada por las grandes empresas, sino indica que la minería debe ser desarrollada por el poblador de a pie. Eso es minería ilegal e informal que están proponiendo ahora. Es delicado y grave porque el Estado no ha hecho un cálculo correcto del alcance, posicionamiento y medida al cual está llegando”, observó.
Remarcó que el Estado está silente. “El Estado de derecho no ha funcionado en los últimos 5 o 10 años. A la policía se le ha venido asustando en la cantidad de cursos que le han que le han insertado desde las ONG y las universidades que han sido contratadas para eso y para esto me refiero al Ideele y a la Católica. Esto es grave y ya está dando sus frutos”, apuntó.
También cuestionó que el Ministerio Energía y Minas tenga menos de 1% del presupuesto nacional, pese a que las empresas privadas del sector generan los mayores ingresos del país. “El sector Energía y Minas, en el plano nacional, tiene un presupuesto de 750 millones de soles frente a un presupuesto Nacional de 250,000 millones. El presupuesto es de 0.3 ni siquiera 1%. El sector que trae 65% de exportaciones y casi 8 en hidrocarburos es el sector que maneja 70% de las ventas al extranjero tiene 0.3% de presupuesto. Cómo pretenden que con un presupuesto ínfimo ridículo pueda combatir la parte administrativa de los procesos de ilegalidad”, subrayó.
