RCR, 10 de agosto de 2020.- Iván arenas, analista político y columnista del portal de opinión El Montonero, advirtió que muchas ONG y grupos de izquierda están promoviendo el sabotaje de los convenios entre las empresas y la población, en la provincia cusqueña de Espinar y el Corredor Minero del Sur, como precedente para liquidar las inversiones mineras en todo el país. Precisó que estas organizaciones también apuntan a obtener beneficios políticos en las próximas elecciones generales del 2021.
“Existe una estrategia para liquidar las inversiones mineras, están yendo de a poco y han conseguido este éxito que no lo habían conseguido desde hace tiempo y han conseguido la plataforma”. “Desde la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, que dirige el congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán, también están impulsando modificatorias en leyes importantes, en marcos normativos como la consulta previa y otras leyes como el Acuerdo de Escazú. Lo que existe es una estrategia para liquidar las inversiones mineras en el Perú”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que ahora “el futuro de la minería se juega en Espinar, como se jugó en Conga y en Tía María”. “En Espinar, como en otras zonas donde hay unidades mineras, se establecen convenios marcos. El acuerdo del viernes destina S/. 44 millones de soles, una tarjeta de alimentos por S/. 1,000 para cada poblador, pero algunos no están de acuerdo con esto”, aseveró.
“Se ha abierto una Caja de Pandora, porque no sabemos qué va a suceder con otros proyectos mineros. Esto es un tema muy delicado. Es altamente posible y se corre el riesgo de que en otras unidades mineras, sobre todo en Chumbilvilcas (proyecto Constancia) y Fuerabamba (proyecto Las Bambas), sobre todo en el Corredor Minero del Sur, donde existen varias unidades mineras, los convenios marcos no se cumplan”, apuntó.
Agenda política e ideológica
Manifestó que hay una agenda política. Por ejemplo, el alcalde Lolo Arenas ha tenido una agenda política, pero también hay una agenda ideológica, que quiere liquidar desde hace tiempo las inversiones mineras en el Corredor Minero del Sur, señaló. “En el entorno del proyecto Antapaccay están muchísimas ONG de Lima y de la zona, por ejemplo, Derechos Humanos Sin Fronteras, que es una ONG que recurrentemente azuza las protestas a pesar de que contraviene el marco legal”, indicó.
“Acá se quiere romper todo tipo de pactos. El tema es irse contra los convenios marcos. Además, tienen una plataforma de los afectados por los metales pesados a la que el exministro Zamora le dio carta de ciudadanía y los ha reconocido oficialmente el Minsa”, remarcó. Explicó que “en el momento de hacer el análisis político de lo que pasa con las inversiones mineras, hay que ver también el tema ideológico”.
“Este tema tiene mucho que ver con las próximas elecciones del 2021. Las ONG ya están mirando a las elecciones del próximo año y tienden a radicalizarse más para generar votos, caos, violencia y protestas. Están ganando peso para que en el momento de negociar las posiciones congresales vayan a ganar ellos”, precisó.
“En estas semanas vamos a ver quiénes son los nuevos líderes de la izquierda y muchos de estos han estado azuzando las protestas en el Corredor Minero del Sur. Es altamente probable que las protestas sucedan en otras partes del país. Las empresas mineras se han visto maniatadas, porque el Estado ha sido incapaz de darles cierta cobertura. Por ejemplo, las poblaciones en Arequipa están acusando a las empresas mineras de haber llevado el COVID, cuando en las empresas han aparecido después de dos meses”, dijo.
Comentó que “algunos medios de comunicación de Lima no ven esto y eso es preocupante, incluso se ha llegado a justificar el bono solidario”. “Nadie puede estar en contra de un bono, pero eso no puede significar que se rompa el marco legal, porque responde a una estrategia mayor de liquidación de las inversiones mineras y eso tarde o temprano va a suceder si el Estado mantiene su estrategia de no intervenir”, subrayó.
“El Estado está ausente, no quiere meterse en un problema y deja que las empresas resuelvan con los gobiernos regionales que son renuentes y con los alcaldes que también son renuentes. Se está configurando una situación difícil en los próximos meses para que el tema minero vuelva con fuerza y sea un tema en la agenda electoral”, enfatizó.
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