RCR, 31 de marzo 2025.- El analista Iván Arenas expresó su profunda preocupación por la situación en Pataz, La Libertad, tras los recientes atentados contra la minera Poderosa, señalando que estos actos son sintomáticos de un problema mucho mayor que abarca la criminalidad, pero que trasciende a lo meramente delictivo, insertándose en una dinámica territorial, económica, social y política.
Arenas criticó la respuesta gubernamental, calificándola de «absolutamente miope» al limitarse a declarar en emergencia únicamente Pataz, cuando el problema se extiende a lo largo de un corredor minero ilegal mucho más amplio que incluye varios distritos y provincias.
En sus declaraciones, Arenas sostuvo que la estrategia implementada ha fracasado debido a esta visión limitada y a la ineficacia de la política de formalización. Además, señaló que la ausencia de una ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) y la coyuntura preelectoral dificultan aún más la posibilidad de avances en este frente.
El analista también subrayó que el elevado precio del oro actúa como un incentivo para las bandas criminales, exacerbado por la corrupción existente en diversas dependencias estatales.
Criminalidad de minería ilegal en Pataz se puede repetir en otras zonas
El analista Iván Arenas advirtió sobre el peligro latente de que situaciones como la de Pataz, La Libertad, donde la minería ilegal atenta contra la minera formal Poderosa, se repliquen en otras regiones del país. Mencionó casos ya desarrollados en Puno y Piura, intentos en Arequipa y en el corredor Vial Sur (Apurímac), así como incidentes como la quema de operaciones mineras en Aymaraes.
Esta situación crítica, según Arenas, podría conducir al «caos absoluto» y al predominio de las economías criminales y la minería ilegal en la política.
El analista alertó sobre las graves consecuencias de la inacción gubernamental, señalando que si la minería formal se retira, será reemplazada por economías informales e ilegales que generan externalidades negativas como prostitución, trata de personas y lavado de activos.
En este punto, mencionó una preocupante propuesta de ley para flexibilizar la normativa contra el lavado de activos, de Waldemar Cerrón, medida que podría favorecer a la minería ilegal. Arenas vislumbra un escenario de «bolivianización» de la minería, donde las cooperativas informales adquieren un poder político y territorial significativo.
Ante la propuesta de la presidenta de tipificar el terrorismo urbano, Arenas consideró importante discutir este tipo de calificación para la ilegalidad y criminalidad en la minería, aunque mencionó que este fenómeno difiere del terrorismo ideológico de los años 80 y 90.
No obstante, argumentó que cuando se genera terror en la sociedad, las empresas y la minería formal a través de actos violentos como ataques con bombas y asesinatos, se configura un tipo de terrorismo que debe ser analizado para su adecuado tratamiento normativo.
