Francisco Pantigoso, docente universitario y especialista en derecho tributario.
RCR, 30 de mayo 2018.- El incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) tiene varias aristas, porque por una lado, pudo ser necesario por la urgencia de la caja fiscal, pero este tema es muy sensible para la población porque afecta el bolsillo. La forma en que se ha hecho ha sido lo peor, pues el gobierno había prometido que no iba a modificar los tributos, y de un momento a otro, suben el ISC por decreto. Esta medida podría ser inconstitucional pues de acuerdo al art. 74 de la Constitución de la República se establece que solamente por Ley se pueden modificar tributos, tasas, determinar sujetos activos o pasivos del tributo, en concordancia con la Norma IV del Código Tributario, sostuvo Francisco Pantigoso, docente universitario y especialista en derecho tributario.
En conversación con RCR desde nuestros estudios en Lima, Pantigoso precisó que a esta normatividad se le denomina “Principio de legalidad o Reserva de la Ley”, esto quiere decir que no se pueden modificar ni elevar tasas impositivas a través de una norma de menor categoría, como se ha hecho, esto es, por decreto supremo.
Al parecer, comentó, varios gremios empresariales y sindicales estarían analizando esta situación por los cuestionamientos técnicos y jurídicos que arrastra.
“Generalmente las normas tributarias son debatidas antes de proponer su aplicación, en este caso no ha sido así. Además, por colisionar con la Ley, el decreto promulgado es inconstitucional”, enfatizó.
ATACA ESTOMAGO DE POBRES
En cuanto a la incidencia del alza del ISC en la economía de los ciudadanos de a pie, Pantigoso señaló que al elevarse la tasa del impuesto a un bien o producto, por mínima que sea, el precio tenderá a subir.
“Esto ya se ha vivido innumerables veces en gobiernos anteriores muy mal recordados, con los aborrecidos “gasolinazos”. Esto es, el costo que le genera la medida decretada al productor o al importador de un bien, evidentemente lo va a trasladar al precio, pues no va a asumir el costo”, comentó.
Esta medida también provoca hechos curiosos, dijo, pues en bodegas y mercados, el comerciante final casi siempre aprovecha el alza de los combustibles para incrementar el precio de sus productos, a pesar que no se verifique un alza en el costo por traslado del producto. Todo ello presiona a la elevación de la inflación en la economía peruana.
El experto indicó que, a pesar del poco tiempo que se ha dictado la medida, ya se ha producido un aumento de precios en diversos productos, incluso de primera necesidad, lo que obviamente afecta directamente a los que menos ingresos tienen.
“Aquellos que tienen ingresos altos o medios también sentirán el alza pero lo neutralizarán reduciendo algunos gastos como en entretenimiento. Ellos seguirán comiendo lo mismo porque en este caso la oferta es inelástica. Los que verdaderamente sufren las consecuencias de estos “decretos” son los que ganan el sueldo mínimo, o menos que eso, y además, tienen carga de familia. Ellos sentirán el “regalo” del gobierno, en el estómago pues obligatoriamente tendrán menos que comer”, sentenció.
Ver entrevista…
