RCR, 13 de febrero 2025.- Marco Tulio Gutiérrez, presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal, señaló que no está contemplado en las leyes la posibilidad de que autoridades municipales entreguen dinero a frentes de defensa u comités de lucha para financiar sus movilizaciones y protestas.
“La finalidad del recurso público es para la construcción de obras de infraestructura, remuneración de obras, proyectos nuevos y para la prestación de servicios públicos. Sin embargo, la destinación de este recurso a movilizaciones califica penalmente como un acto de malversación para situaciones que no están presupuestadas”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR)
Indicó que un alcalde o gobernador cometería el delito de malversación de fondos si financia con dinero público a grupos que organizan protestas. Mencionó que la autoridad sería autor del delito de instigador si en la movilización que financia ocurren actos de violencia, penalizado con 8 años de prisión e inhabilitación.
“Cuando el ente público destina recursos públicos para situaciones que comprometan la seguridad pública, no sólo podría irse a la cárcel, sino que también queda inhabilitado perpetuamente. Y si esto se sale de control, por ser alteración de orden público, y lleva a un acto de violencia según el código penal se aplicaría ocho años de prisión e inhabilitación”, anotó.
