RCR, 28 de febrero de 2022.- Yanet Meza Aguirre, alcaldesa del distrito de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa, Huancavelica, denunció que está recibiendo amenazas y agravios de todo calibre por un grupo que controla ilegalmente la mina Cobriza. Precisó que el retraso de la venta de la mina está perjudicando a su comunidad y a todo el país, porque están dejando de percibir canon y regalías para financiar proyectos de inversión pública.
“Nosotros al presionar por la venta definitiva, hemos chocado con varios intereses de ese grupo (liderado por Elvis Yupanqui). Con la presión se ha generado un conflicto de fuerza mayor. Nosotros estamos recibiendo agravios fuertes, acoso político, amenazas, chantajes, insultos de todo calibre por las redes sociales”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que hay una desesperación de los que controlan ilegalmente la mina Cobriza, porque los estamos sacando de su confort. “Llevar 11 años de proceso de liquidación de una mina es escandaloso, porque han pasado cinco liquidadoras. Esto ya tiene que terminar. Hemos chocado con los intereses de un grupo que se ha beneficiado de la mina Cobriza de la manera más ruin posible”, indicó.
Enfatizó que en la junta de acreedores de este 3 de marzo se debe ratificar el convenio de liquidación que va a presentar el nuevo liquidador A-1 Consultores. “Esperamos que en esta junta no haya un sabotaje, que se escucha en el gremio sindical de trabajadores, en este caso el dirigente Elvis Yupanqui y Castillo del sindicato de La Oroya, están pretendiendo solicitar la adjudicación de la mina Cobriza en favor de los trabajadores y hacer valer el contrato de alquiler, que han firmado Alta Sierra y el representante sindical Yupanqui”, afirmó.
“En los 11 años de proceso de liquidación el problema es que se han beneficiado bastante con este proceso. No quieren soltar el beneficio económico, que es de un solo grupo y no de los trabajadores. Los trabajadores solo han recibido el 70% de sus remuneraciones y también ha habido evasión de impuestos con la liquidación, porque han sido exonerados de los pagos de canon y regalías”, apuntó.
Recordó que el conflicto mayor se da en noviembre cuando las comunidades de Machaguay y Expansión tomaron los convoyes de minerales que pretendían sacar los alquilantes de la Corporación Cobriza, que fue formado por el gremio de trabajadores. “En este caso, ha sido justa la reacción de las comunidades, porque no contaban con licencia de funcionamiento”, expresó.
“Nosotros como municipalidad le hemos exigido la inscripción ante la Sunarp y no lo han presentado, porque no la tienen. La Sunarp les ha dado una tacha insubsanable y como autoridad tengo que ampararme en la normativa. Ellos han seguido, sin tener la documentación, han seguido con las operaciones y tenían más de 600 mil toneladas de mineral procesado. Nosotros nos preguntamos con qué explosión han trabajado, sino tienen autorización. Osinergmin ha paralizado las operaciones”, precisó.
Remarcó que están esperando una solución definitiva, que no es solo para beneficio de San Pedro de Coris. “Es para Churcampa, que va a recibir su canon y sus regalías. Es para la región, es para el país mismo, porque el gobierno central va a recibir el 50% del canon y el 50% de regalías, para que eso se invierta en proyectos de inversión pública. San Pedro de Coris está luchando para todos, para la reactivación económica”, subrayó.
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