RCR, 04 de mayo de 2023.- El excongresista de la República, Alberto Quintanilla, precisó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirma que hubo un uso excesivo de la fuerza durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, asimismo, expresó sus dudas de que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, realice una investigación objetiva por su cercanía con sectores conservadores.

“Es una buena oportunidad para que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y del premier Alberto Otárola puedan corregirse, ya que ciertamente el informe ha dado una serie de datos e informaciones, asimismo, está probado que hubo un excesivo uso de la fuerza y un exceso de uso de armas tras la muerte de más de 50 ciudadanos que en su mayoría se produjeron en la ciudad de Juliaca y Puno”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

En ese sentido, Alberto Quintanilla, señaló que las declaraciones del premier Alberto Otárola respecto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está abusando de su condición para dar información falsa al país, asimismo, expresó sus dudas respecto a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para realizar una investigación objetiva por tener cercanía con sectores conservadores.

“El premier Alberto Otárola ha señalado que en este informe minimizan el papel del policía Soncco Quispe que supuestamente fue asesinado por una turba de manifestantes, sin embargo, existe una investigación fiscal que indicaría lo contrario, por lo tanto, Otárola estaría abusando de su condición para dar información falsa al país. Asimismo, esperemos que se garantice una investigación independiente por parte de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, puesto que anteriormente ha actuado en cercanía política con la presidencia del Congreso de la Republica y otros sectores conservadores, la fiscalía y el Poder Judicial tienen que actuar en forma neutral para el bien del país”, recalcó.

Por otro lado, respecto a la situación migratoria en la frontera entre Perú y Chile, manifestó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) debe acoger a los migrantes que no quieran volver a su país de origen, asimismo, sostuvo que se debe partir por el hecho de una emergencia humanitaria para que los ciudadanos extranjeros puedan tener la oportunidad de arreglar su documentación.

“Hay más de 300 ciudadanos haitianos, colombianos y en su mayoría venezolanos que están en este límite de Perú y Chile sin posibilidad de ingresar a ninguno de esos países y se les exige que presenten documentos que no los tienen, entonces tenemos que partir por el hecho de una emergencia humanitaria para que puedan tener la oportunidad de arreglar su documentación. Asimismo, en el contexto de relaciones internaciones, no se puede devolver a una persona a su país de origen, si este no lo desea, aquí el ACNUR tiene que intervenir para documentarlos temporalmente, puedan movilizarse y ejercer sus derechos”, subrayó.